El Observatorio Económico ‘Proyecto León’, que mide datos de demografía, renta y empleo en las tres provincias de la Región Leonesa, concluye en su informe más reciente que “el camino para resolver el grave perjuicio a los ciudadanos leoneses” pasa por el inicio de un proceso para la creación de una autonomía propia que “garantice los elementos clave de la recuperación”, ya que en la situación actual, “los criterios de administración adaptada a las características leonesas ni son ejercidos ni podrían estar garantizados” debido a la “actitud institucional de la Junta de Castilla y León”.
Por este motivo, los autores del estudio consideran que dicha institución “deberá ser disuelta”, así como que “de ella se debe desligar a la provincia leonesa”, además de “las otras dos provincias de la Región Leonesa en los suyos respectivos” siempre y cuando “sus ciudadanos transiten las rutas constitucionales establecidas”.
Los criterios para una nueva autonomía propuestos por el Observatorio Económico sitúan en primer lugar la recepción en el territorio leonés de todos los fondos que correspondan por sus parámetros de población y territorio según la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y que, en la actualidad, “llegan solo parcialmente”, lo que ha llevado a León a “sufrir un prolongado déficit de gasto público desde la creación de la Comunidad”.
También establecieron dentro de estos criterios el seguimiento individualizado de la evolución económica de León mediante un sistema econométrico “innovador y eficaz”, que incluya la creación de una unidad de control estadístico para la Región Leonesa resultante del proceso de autonomía y de una específica del nodo de Ponferrada y su zona de influencia.
La gestión de todos los recursos de la futura autonomía “adaptados plenamente a las características leonesas” sería otro de estos criterios, así como la incorporación de empleados públicos “expertos en el territorio leonés y sus peculiaridades”, convencidos de que ello “garantizará la adecuada y favorable redacción de leyes y reglamentos” y su aplicación “adaptada a la idiosincrasia del territorio”.
La descentralización de los recursos hacia las demarcaciones territoriales de la nueva autonomía, “con un distrito propio en torno a la aglomeración de Ponferrada, en paridad con los de León y, en su caso, los de Zamora y Salamanca” y la captación de fondos de cohesión para la Región Leonesa “dada su distancia a la media europea en términos de renta”, son los últimos criterios propuestos por ‘Proyecto León’ para la creación de la autonomía de la Región Leonesa, al considerar que su suma supondría “la rápida corrección de los graves desequilibrios provocados por la autonomía fallida de León y Castilla”.
“Es deber constitucional del Gobierno de la nación corregir los desequilibrios territoriales y España tiene una deuda histórica con la Región Leonesa que debe solventar a la mayor brevedad posible”, expusieron los autores del estudio, al tiempo que recordaron que según la Constitución Española, “las regiones y las provincias con personalidad histórica son sujetos de derecho a la autonomía”. “La Región Leonesa, presente en la división territorial de 1833, en la Segunda República Española, a través del Tribunal de Garantías Constitucionales, creado en 1932, y en tantas otras ocasiones, ha tenido continuidad desde el siglo X y debe tener acceso a la autonomía por causas de interés general para España”, concluyeron.