Respecto al motivo del suceso, el texto de ambos ingenieros refiere que «es evidente» que hubo «una emisión masiva y súbita de metano que redujo el oxígeno en la explotación a niveles cercanos a cero, siendo más que probable que la causa de ello haya sido un desprendimiento instantáneo de grisú». Niegan, no obstante, que esta emisión se debiera a «la caída de una bóveda» porque «la duración del desprendimiento de gas duró horas», o que hubiera «daños mecánicos en la entibación y en las mallas de sujeción del hundido», lo que «excluye de raíz otras posibles causas». Además, la gran cantidad de metano desprendido (en torno a 19.754 metros cúbicos) hace «imposible», insisten, que el mismo estuviera contenido en una pequeña bóveda del postaller.
Niegan que la emisión de grisú se debiera a la caída de una bóveda porque la salida de gas duró "horas"Además, se hace hincapié en que la estructura del servicio de seguridad minera de la empresa era «la adecuada a la actividad, riesgos y volumen» y señala que desde el comienzo de las labores en el taller hasta el día 28 de octubre –fecha en la que se produjo el fatal accidente– se realizaron cuatro inspecciones y subsiguientes reuniones –los días 3, 10, 17 y 24 de octubre– «sin que en ninguna de ellas apercibieran o alertaran de incumplimientos o irregularidades en materia de seguridad y salud laboral, o de riesgo alguno en cuanto a la explotación». A su vez recuerdan que se llevaron reuniones entre el departamento de seguridad del pozo Emilio y los delegados mineros –los días 4,11, 18 y 25 de octubre– «sin que nadie alertara de incumplimientos de seguridad o riesgos en la explotación».
David Toribio, ingeniero técnico jefe del grupo Tabliza en el momento del accidente, niega por lo tanto «denuncia o irregularidad alguna» en todo el periodo previo al accidente y defiende su trabajo frente a acusaciones como que «omitiera comprobar los registros de metano, que los mismos superaran los niveles permitidos, que los ventiladores estuvieran mal colocados, que no vigilara a los cargos inferiores, que el taller no se desarrollara con normalidad, que no se hubiera contactado con minados superiores, que se sutirara en contra de lo dispuesto en la DIS o, en suma, que hubiera algún dato que sugiriera que había que paralizar la explotación en ese macizo». También José Carlos Jarrín sostiene haber «cumplido sus funciones de forma adecuada, tanto como jefe de seguridad minera como jefe de la brigada de salvamento», ya que insiste en que «en ningún momento dispuso de dato ni información alguna que sugiriera que había que adoptar medidas para paralizar la explotación y replantear el taller».
Se recuerda también que el servicio de prevención de la empresa es propio y que el documento sobre Seguridad y Salud ha sido realizado cumpliendo todos los requisitos y «aprobado por la autoridad minera» y que a raíz del accidente se encargó una auditoría de cumplimiento normativo al laboratorio oficial Madariaga (LOM), que no detectó «la existencia de incumplimientos de requisitos normativos» y que en la revisión de la explotación en la que se produjo el siniestro no percibió «desviaciones respecto a lo planificado», indicando que los trabajos se produjeron «conforme a los procedimientos establecidos».
Las familias de las víctimas lamentan que las cosas se hayan hecho mal "desde el principio"
El escrito presentado por la defensa de estos dos ingenieros también ha tenido respuesta por parte de las familias de las víctimas del accidente. «Sus argumentos no nos asustan», dicen, advirtiendo que en este documento declaran cosas que no habían dicho antes y dan por lo tanto «una versión distinta a la que habían dado». Además, explican que aunque quieran presentar un envoltorio «bonito», «más que la teoría lo que interesa es la práctica, y sus argumentos no se sostienen». A medida que ha pasado el tiempo subrayan que se han ido dando cuenta de que «las cosas se han hecho muy mal desde el principio», tratando de tapar los «errores» que se cometieron en la mina de forma previa al fatal accidente. «Si se hubieran hecho las cosas bien, el accidente probablemente se habría evitado, y si tras él no se hubiera impedido una buena investigación es posible que en estos momentos no estuviéramos hablando de 16 imputados, sino de más». Las familias lo que exigen es justicia y aseguran estar cada vez más cansadas de un proceso que se está alargando «demasiado tiempo». Han pasado cinco años y continúan todavía a la espera de juicio.