El tiempo se agota y hace falta poner soluciones sobre la mesa. Al menos así lo consideran los empleados de la UTE Legio VII que prestan servicio en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega. Tras 20 años de actividad, en el mes de noviembre vence el contrato. Sus 180 trabajadores desconocen a día de hoy si seguirán o no, pero a esta incertidumbre a nivel laboral que vive actualmente la plantilla se suma que el CTR tiene también un importante reto por delante. La planta debe adaptarse a la nueva normativa que está exigiendo Europa y alcanzar esos nuevos rendimientos pasa necesariamente por una reforma de las instalaciones que requerirá una inversión muy elevada, cercana a los 50 millones de euros. ¿Qué ocurrirá? Por el momento poco se sabe.
El Partido Popular en la Diputación de León aprovechó el último pleno ordinario de la institución, el 27 de marzo, para preguntar al presidente por este extremo. «¿Qué tiene pensado hacer el equipo de Gobierno? ¿Licitarlo de nuevo? ¿Prorrogar el contrato? Cualquiera de estas situaciones requiere un largo trámite administrativo», advirtieron. Por eso vieron necesario «ponerse en marcha para que no nos pille el toro y lleguemos a final de año y tengamos sorpresas». Respecto a esa modernización pendiente, quisieron saber también en qué situación se encuentra, así como los planes para la ejecución de una subvención de alrededor de 2,7 millones que se ha recibido ya para poder adaptarse a la llegada de los residuos del quinto contenedor, el llamado contenedor marrón, que indicaron que deben instalar todos los ayuntamientos y para lo que el CTR debe estar preparado. «Esto es un problema muy acuciante», avisaron los ‘populares’.
El presidente, Gerardo Álvarez Courel, respondió que son conscientes de los plazos y que «los técnicos no solo están con el nuevo pliego de condiciones para la licitación del servicio, sino también con el proyecto para esa mejora» citada. Señaló que con la UTE se puede solicitar «un año de prórroga» y que lo que están barajando es «poder llegar a un acuerdo» para que en el momento en el que se pueda llevar a cabo esa reforma «por agilidad pudiera ser la UTE quien lo hiciera». Sin embargo, destacó que «no es una decisión tomada todavía» y apuntó que la empresa pública Somacyl, que también está «dentro del propio vaso» (lleva actualmente la gestión del vertedero), también podría «llegado el caso ser ejecutante de las obras». Además, les informó de que han enviado una solicitud «para tener una acción de Somacyl» al respecto.
Diputación tiene en caja ya una subvención de 2,7 millones que habrá que devolver si no se cumple
Noviembre, "a la vuelta"
El presidente del comité de empresa de los trabajadores del CTR, Fernando Abella, lamentó que no exista todavía «una visión clara». «Lo único que pedimos es que se nos diga a toda la ciudadanía qué es lo que se quiere. Pedimos claridad y, lógicamente, defender las condiciones y puestos de trabajo que tenemos. Que no se olviden de que estamos prácticamente en mayo y noviembre está ya a la vuelta de la esquina», dijo. Abella recordó también que para esa «inversión millonaria» que será necesaria para adaptarse a la nueva normativa existen subvenciones, pero que estas se perderán si no se actúa. «Europa exige subir los rendimientos a partir del año 2025, por lo que en el año 2026 deberíamos estar ya con la modificación de las instalaciones en funcionamiento. Si no llegamos a 2026 con ese proyecto ya ejecutado, la subvención en caja (de 2,7 millones) va a haber que devolverla. Por lo demás, Diputación va a tener que hacer esa gran inversión sí o sí, la cuestión es si va a estar o no financiada», zanjó.
Esos 2,7 millones cobrados ya afirmó que irían a parar a la adaptación necesaria para acoger los residuos procedentes del contenedor marrón, cuyo presupuesto total se ha calculado alrededor de los cuatro millones de euros. El dinero está y antes de 2026 debería estarlo también la obra, porque de otra forma se perdería lo subvencionado.
El grueso de la inversión, la que se calcula como cercana a los 50 millones, irá a parar a la adaptación de la cinta transportadora y las máquinas de selección del resto de los residuos para poder subir los rendimientos a la cota que exige Europa. El CTR, apuntó Abella, trabaja actualmente a «un nivel similar a los del resto de España» y de Castilla y León e invitó a consultar los datos del Ministerio de Transición Ecológica para comprobarlo. Esto en cuanto a rendimientos. «Ni somos los mejores ni vamos los más rezagados», advirtió. El presidente del comité de empresa dijo, además, que trabajan con lo que tienen, que son «unas máquinas de hace veintimuchos o treinta años». «La maquinaria en 30 años ha evolucionado mucho, la selección ya no se hace con recursos humanos en muchos casos, está ya más automatizada, y esto hace que se recupere más, con otra agilidad».
Los trabajadores temen que quieran dar el contrato a Somacyl y ven "rara" la multa impuesta recientemente
Mantenimiento del empleo
Esa agilidad será, precisamente, la que les permita alcanzar esa inversión y esa reforma, que señaló que en términos de empleo no tendría, en principio, ningún reflejo. «Con esa inversión la plantilla se debería mantener. No estamos hablando de creación de empleo, sino de adaptarse a la nueva normativa, a la nueva ley de residuos y a lo que nos está exigiendo Europa, que nos dice que hay que mejorar los rendimientos. Pero eso nos lo pide a todos, no solo a León», subrayó.
Respecto a ese año de prórroga al que hacía referencia el presidente de la Diputación, Abella remarcó que en noviembre finalizan esos 20 años de contrato y dentro de él se recoge la opción de hasta cinco años más de prórroga e incluso hay otra cláusula por la que la propia UTE podría hacer esa inversión con una ampliación de hasta diez años del contrato. La UTE, dijo, sí que debe seguir con el servicio en cuanto la Diputación no haga un cambio. De todos modos, consideró que el debate no está ahí, ya que «por mucho que tú me pidas un año de prórroga, si todo sigue igual y no se hace nada vamos a llegar tarde con el proyecto, vamos a llegar tarde con las subvenciones y vamos a llegar tarde con lo que nos pide Europa». «Lo que debería preocupar a la provincia de León es quién ejecuta el proyecto de inversión para adaptarnos a lo que pide Europa», zanjó.
Somacyl y multa
Respecto a la referencia hecha por Álvarez Courel sobre Somacyl, Abella destacó que «nuestras sospechas son que quieren darle el contrato a ellos» y que «por eso no están siendo claros». Además, también valoró la sanción que Diputación ha impuesto a la UTE, de 45.000 euros por exceder en más de 136.000 toneladas el volumen de residuos sin reciclar respecto a lo fijado en el contrato en 2021 y 2022. El expediente sancionador, dijo, se abrió el 29 de diciembre, a dos días de la disolución de Gersul y afirmó que es la primera sanción que les imponen en 20 años de contrato cuando los rendimientos son «siempre los mismos, o parecidos». «Ponen encima de la mesa una sanción para abonar el terreno para dar a dedo el contrato a la empresa que vaya a entrar a partir de noviembre», temió, al tiempo que apuntó que «a todo el mundo le ha sonado raro».