Investigan el servicio de rehabilitación de Altollano por supuestas irregularidades

El Procurador del Común admite a trámite la queja del familiar de una paciente derivada de Sacyl a la clínica que asegura que el único rehabilitador trabaja en Lugo

C. Centeno
04/11/2018
 Actualizado a 19/09/2019
Instalaciones de la Clínica Altollano en León. | MAURICIO PEÑA
Instalaciones de la Clínica Altollano en León. | MAURICIO PEÑA
La Gerencia Regional de Salud prorroga desde el año 2009 un contrato con la Clínica Altollano para la prestación de asistencia sanitaria en régimen de hospitalización de media estancia en unidad de cuidados subagudos y rehabilitación a pacientes beneficiarios de Sacyl. El servicio incluye la hospitalización de hasta 75 pacientes diarios y consultas externas de valoración para hospitalización, según el propio contrato, lo que tiene un coste para la sanidad pública de casi 1,3 millones de euros en el periodo vigente, de julio a diciembre de este año.

El Defensor del Pueblo asegura que Sacyl ha abierto expediente informativo «a raíz de varias quejas» más Un servicio que, en la actualidad, investigan desde diferentes instituciones tras la queja del familiar de una paciente que pasó 74 días ingresada en esa unidad a finales del año pasado. En ella, Marceliano Cadenas asegura que durante todos esos días su mujer no recibió la visita de ningún médico rehabilitador y que el único doctor que aparece en el cuadro de la clínica «está colegiado y trabaja en Lugo». Además, asegura en el escrito que «en la Clínica Altollano se negaron a entregarme el informe de alta del médico rehabilitador», una información que reclamó también en Atención al Paciente «donde dijeron que Altollano no facilita nunca documentación de pacientes derivados», datos que «necesito para que en la clínica privada –en la que actualmente recibe tratamiento su mujer– el médico valore y plantee el estudio».

Tampoco está conforme con la historia clínica que recibió su esposa en Altollano, prácticamente en blanco y firmada por el médico rehabilitador dos meses después, a idéntica fecha que otra paciente que también había sido dada de alta en diciembre, como muestra en la queja, «lo cual indica que el 1 de marzo firmó en barbecho o que cuando viene deja firmas previstas».

«¿Cómo justifica Altollano que ha seguido las instrucciones dadas por el Complejo Hospitalario para tratar a los cientos de pacientes derivados para tratamiento?», se pregunta el familiar en la queja formulada y admitida por el Defensor del Pueblo, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

La queja asegura que en los 74 días de ingreso la paciente no fue tratada por ningún médico rehabilitador Por ello, el familiar ve «presunta malversación de fondos públicos, prevaricación y cohecho, con el consiguiente perjuicio para la salud de las personas y las arcas del Estado», recoge el escrito, que también ha sido admitido a trámite por el Procurador del Común, que comunicó en julio el inicio de las investigaciones pertinentes. Por otra parte, Marceliano Cadenas recoge también una posible «denegación de auxilio médico» por parte del neurocirujano de guardia que, según el escrito, no atendió a su mujer en Urgencias del Hospital.

«Un cúmulo de despropósitos» que le han llevado a presentar quejas ante el Procurador del Común, el Defensor del Pueblo y el Defensor del Paciente, entre otras administraciones, a las que ha enviado un amplio dossier de cerca de 70 documentos adjuntos con los que «no busco ninguna recompensa económica, si no que no vuelva a pasar ni jueguen con nuestra salud», afirma.

Varias quejas

El Defensor del Pueblo, a través de una carta firmada por la adjunta segunda, Concepció Ferrer i Casals, fue el primero en responderle a finales de mayo, haciendo hincapié en que, una vez estudiada su queja, la institución había solicitado información a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, «en concreto, sobre las irregularidades a las que alude respecto a la atención prestada a su mujer en el centro concertado de rehabilitación donde estuvo ingresada entre octubre y diciembre de 2017». Una vez obtenida respuesta de Sacyl, la institución volvió a ponerse en contacto con el familiar de la paciente a mediados del pasado mes de septiembre para confirmarle que «el informe de la Consejería señala que, a raíz de varias quejas incluida la suya, se ha promovido un expediente informativo cuya instrucción aún no ha concluido».

También el Defensor del Paciente ha elevado a la Fiscalía de Castilla y León el expediente de un caso que considera «grave» y para el que solicita «investigación e intervención».

Marceliano Cadenas asegura en las múltiples quejas presentadas a los diferentes organismos que «el estado de salud de mi esposa empeoró durante la estancia en la Clínica Altollano y le dieron el alta» y que «me queda una sensación de indefensión ante lo que considero una vulneración de mis derechos conculcados con consecuencias, por desgracia, irreparables». Además, denuncia en los escritos admitidos por diferentes organismos que «esa clínica no reúne las condiciones que oferta» y que «el malestar era palpable» durante el tiempo en el que la paciente estuvo ingresada.
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