La periodista ha asegurado que el contrato del Gobierno regional con la empresa ahora investigada está "totalmente fiscalizado" y que cuenta con el visto bueno del interventor" Gallego ha declarado este martes ante el juez Eloy Velasco en calidad de imputada por su presunta vinculación con la trama Púnica que está investigando la Audiencia Nacional. En concreto, por los contratos de seguimiento, reputación y posicionamiento online de noticias que habría sellado con De Pedro a través de la empresa Eico.
Gallego, que el pasado 20 de marzo se acogió a su derecho a no declarar ante los agentes de la UCO, ha prestado declaración este martes ante el magistrado y dos fiscales durante una hora y veinte minutos. Durante su declaración, la periodista ha asegurado que el contrato del Gobierno regional con la empresa ahora investigada está "totalmente fiscalizado" y que cuenta con el visto bueno del interventor".
En declaraciones a los medios de comunicación tras la declaración ante el juez, fuentes próximas a Gallego han señalado que Gallego "no conocía a De Pedro" antes de que éste fuese a ofrecerle sus servicios y que "nadie le aconsejó contratar a su empresa", que a su juicio ofrecía "un buen servicio".
El juez investiga contratos por valor de unos 60.000 euros firmados con Alejandro de Pedro a través de la empresa Eico. En concreto, la Comunidad de Madrid habría mantenido un contrato con Eico desde abril de 2012 hasta la detención de De Pedro , con importes de entre 1.500 y 1.800 euros mensuales por servicios de posicionamiento de las noticias y de 'clipping'. Sobre este asunto, Gallego ha asegurado al juez que no conserva los informes que cada mes le remitía la empresa sobre la evolución y el posicionamiento en las redes sociales, "un contenido muy efímero que borraba", aunque sí puede confirmar la estrecha relación profesional que mantenían a través de los correos electrónicos que sus colaboradores se cruzaban con la empresa de De Pedro.
Gallego también ha reconocido haber aportado toda la documentación de que dispone sobre el contrato con Eico y ha reconocido que en alguna ocasión De Pedro fue "muy insistente" al reclamar el cobro de varias mensualidades atrasadas que la Comunidad de Madrid no habría pagado "por temas de Tesorería".
Los contratos de Alejandro de Pedro en la Diputación de León
Desde mayo de 2012, otra empresa de De Pedro, Madiva, venía cobrando de la Diputación de León facturas que superaban los 3.000 euros mensuales, más de 105.000 euros en total Se da la circunstancia de que la Diputación de León también habría firmado -en las mismas fechas- contratos de posicionamiento online a través de otra de las empresas de De Pedro, Madiva, una de las razones por las que el juez Velasco también puso el foco de las investigaciones en el Palacio de los Guzmanes, donde están imputados el expresidente de la institución provincial Marcos Martínez Barazón y el exinterventor de la institución provincial Jesús López.
Según publicó este periódico, Madiva consiguió una asignación fija mensual de 3.630 euros con la Diputación de León, aunque ya desde mayo de 2012 venía cobrando facturas que superaban los 3.000 euros mensuales. En total, y hasta que el expresidente de la institución provincial fue detenido en su propio despacho e imputado por seis delitos, la Diputación realizó realizó 29 pagos a esta empresa vinculada con Alejandro de Pedro, por un importe total de 105.038 euros.
La semana pasada, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco volvió a prorrogar al menos un mes más, hasta el 27 de abril, el secreto de sumario de la operación Púnica, del que las partes no han podido todavía acceder a los tomos 1, 19, 20, 21, 22 y 23. Así le fue notificado al abogado de Marcos Martínez Barazón, expresidente de la Diputación de León imputado por seis delitos en la trama. El 27 de febrero, el magistrado había levantado parte del secreto de sumario de Púnica, los tomos 2 al 18, 24 y 25, en los que no había ningún contenido relacionado con las imputaciones de Barazón.Hasta la fecha, 52 personas han sido detenidas en el marco de la macrooperación de corrupción Púnica, que afectaría a distintos puntos de la geografía española, entre ellos León. Presuntamente, están involucrados en la trama ocho políticos de Madrid, cuatro políticos de Murcia y uno de León.
Los dos imputados en Púnica de la provincia leonesa están en libertad bajo fianza de 30.000 euros. Uno de ellos, Marcos Martínez Barazón, imputado por seis delitos, estuvo en prisión durante 43 días.