IU pide a la Junta que evite la disolución de las juntas vecinales que no han presentado sus cuentas

Izquierda Unida de León afirma que el Ministerio de Hacienda ha comenzado a enviar cartas a las entidades locales menores que inician el procedimiento de disolución, al no haber presentado sus cuentas, “pasando por encima de la Junta, administración responsable de este acto”. La formación reclama a la Junta que haga valer sus competencia exclusivas en materia de regulación de las entidades locales menores y evite su disolución dado que “de hecho, es la administración responsable última de la misma”.

Para IU, la Junta debe, mientras se resuelve el conflicto de inconstitucionalidad sobre la Ley, paralizar estos procesos, “pero no por amparo a una junta vecinal incumplidora, porque la imposibilidad de constituir de nuevo la Entidad Local Menor provoca una indefensión para los vecinos tan grande como desproporcionada es la pena de muerte al concejo”.

La coalición recuerda a las nueve alcaldesas y alcaldes pedáneos de la provincia afectados que si tras no presentar sus cuentas sus juntas vecinales fueran disueltas son susceptibles de ser denunciados por los tipos penales de prevaricación e incluso alzamiento de bienes.

“Comienza la auténtica cacería contra aquellas juntas vecinales que no hayan presentado sus cuentas. Recordamos que el primer informe para iniciar el procedimiento de disolución lo emite la Diputación y es la Junta quien toma la decisión definitiva; todo tutelado, impuesto y pilotado por el Ministerio de Hacienda, como ya está ocurriendo”, señala IU en un comunicado. Consideran importante señalar las responsabilidades de los pedáneos y de cada administración porque será la Diputación quién comience 'la masacre' y es la que puede declararse también 'insumisa'.

Cabe recordar que tras la no presentación de las cuentas habrá otras tres causas de disolución de las entidades locales menores, como la necesidad del ayuntamiento al que pertenezca de un plan económico-financiero y el déficit presupuestario en los últimos ejercicios, un déficit estructural presupuestario, y la existencia de un servicio o competencia con déficit en su coste efectivo.