Los jóvenes de Castilla y León dedican más de la mitad de su salario al alquiler. En concreto, el 57,9 por ciento, según revelan los datos del Consejo de la Juventud, que también ponen de manifiesto la dificultad que una persona entre los 16 y los 29 años tiene para acceder a una vivienda en propiedad, ya que debe dedicar 8,4 años de su salario íntegro y 2,5 años solo para la entrada.
Todo ello lleva a que la tasa de emancipación juvenil en Castilla y León continúe bajando hasta situarse en un 14,7 por ciento en el primer semestre de 2023, un 0,15 por ciento inferior a la del mismo periodo del año anterior y más de un punto y medio por debajo de la tasa nacional, que creció hasta el 16,3 por ciento pese a que el descenso se produjo no solo en Castilla y León, sino en otras nueve comunidades autónomas del país.
No obstante, la de Castilla y León es la quinta tasa más baja de personas emancipadas en España, solo por encima de Cantabria, Andalucía, Castilla-La Mancha y La Rioja. Y todo ello pese a contar con uno de los ratios más bajos de población joven, la que se encuentra entre los 16 y los 29 años, que en Castilla y León es del 12,7 por ciento tras registrar un saldo migratorio interautonómico negativo “semestre tras semestre”.
Así lo reflejó, en declaraciones recogidas por Ical, la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, Sandra Ámez, que cifró en 1.400 los jóvenes que cada año “migran en busca de oportunidades laborales” a comunidades como Madrid, Euskadi y Valencia, por lo que pidió a las instituciones de la Comunidad políticas públicas “efectivas” que promuevan la estabilidad en el empleo frente a “la parcialidad involuntaria y los bajos salarios”.
Y eso pese a la subida de los salarios del 4,9 por ciento entre la población joven con respecto al primer semestre de 2022 y al aumento de las personas jóvenes asalariadas a tiempo completo hasta el 75,6 por ciento del total, gracias a la disminución de la temporalidad en los nuevos contratos firmados, desde el 92,5 por ciento del primer semestre de 2021 al 65,5 por ciento del mismo periodo de 2023 “gracias a la reforma laboral”.
Pero a la vez, recordó Ámez, se produjo un aumento tanto del precio del alquiler como de los suministros, hasta el punto de que un joven dedicaría 608 euros de los 1.050 de su sueldo al alquiler y otros 372 a servicios y suministros, por lo que “le quedarían 70 euros para hacer frente a la comida y los gastos mensuales”. De hecho, el 16,1 por ciento de los jóvenes que trabajan en la Comunidad se encuentran, pese a ello, en situación de pobreza o exclusión social.
De ahí la dificultad para emanciparse en Castilla y León. Una situación que, por provincias, afecta con mayor incidencia a Salamanca, donde se dedica el 70,8 por ciento del sueldo al alquiler en solitario, seguida por Segovia (64,7 por ciento), Burgos (57,9), Valladolid (55,6), Soria (53,3), León (49,5), Palencia (48), Ávila (45,7) y Zamora (42,7 por ciento). En relación a la compra, la clasificación varía, siendo Valladolid la que más salario exige (51,8 por ciento) y Zamora la que menos (32,9 por ciento).
Suicidio, primera causa de muerte
Ante este panorama, la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León apuntó que las personas jóvenes de la Comunidad se enfrentan a “desafíos significativos” que afectan al bienestar de esta población por el “panorama incierto” que impide planificar su vida “personal y profesional” y que añade, a los tradicionales problemas de emancipación y natalidad, “graves problemas de salud mental” que sitúan el suicidio como la primera causa de muerte entre la población juvenil tanto de Castilla y León como de España.
En la misma línea, el vicepresidente del Consejo de la Juventud de España, Juan Antonio Báez, afirmó que la problemática de la salud mental entre la gente joven se ha convertido en “estructural”, con una de cada cinco personas menores de 30 años “en riesgo de exclusión social pese a tener empleo”, por lo que pidió una política laboral “con altura de miras” que permita “mejorar los salarios”.
No obstante, Báez insistió en que esta no debe llegar por separado, sino a través del Diálogo Social y “de la mano de políticas de vivienda”, para que se revierta la actual situación por la que la subida del precio del acceso a los hogares sube “el doble o el triple” que los salarios, lo que lleva a que “las personas jóvenes se tengan que hipotecar para pagar un alquiler” en algunas de las comunidades del país.
Todo por una “juventud a dos velocidades”, como muestran los datos del primer semestre de 2023, que hace que en seis de las 17 autonomías “un joven tiene que destinar más del cien por cien de su salario para alquilar en solitario”, y en nueve de las 17, “cobra menos de 1.000 euros netos al mes. “Es necesaria la coordinación de los territorios con el estado para que no haya diferencias por el lugar en el que se nace”, concluyó.
La presentación del Observatorio de emancipación de Castilla y León y España, correspondiente al primer semestre de 2023, se llevó a cabo en la sede del Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad, cuyo presidente, Enrique Cabero, ejerció de anfitrión para solicitar una “necesaria inversión en juventud” para conseguir mejorar la emancipación de los jóvenes como paso hacia “dar una respuesta solvente al reto demográfico”.