Jueces y fiscales exigen mejora de las condiciones laborales, modernización e independencia

La Justicia leonesa se sumaba a la lectura de las propuestas de jueces y fiscales celebrada este jueves en las sedes judiciales de toda España en el marco de actuaciones acordadas por las cuatro asociaciones judiciales y las tres asociaciones de fiscales que el pasado mes de marzo suscribieron un documento con ‘14 propuestas para la mejora de la Justicia’ ante los reiterados incumplimientos de las administraciones competentes anunciando medidas de conflicto que, de no lograr avances en las negociaciones, culminarían con una huelga el día 22 de mayo. A este documento se han adherido la mayoría de los alrededor de 50 jueces y 25 fiscales que hay en la provincia de León.

El magistrado más antiguo de la Audiencia Provincial, Carlos Álvarez, y la fiscal Mónica Alonso fueron los encargados de poner voz al comunicado leído ayer en la sede judicial leonesa –paralelamente también se llevó a cabo en Ponferrada– en el que se expusieron las medidas exigidas para conseguir una justicia «mejor, más ágil, más eficaz y de mayor calidad».

Las peticiones, dirigidas a las Cortes Generales, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial, precisa una actuación «urgente» y giran en torno al reforzamiento de la independencia judicial, la mejora de las condiciones profesionales, la modernización de la administración y otras medidas referidas al Ministerio Fiscal.

Así, en cuanto a reforzar la independencia judicial, piden, entre otras cosas, que se presente de un proyecto que recupere el régimen competencial de organización, funcionamiento y dedicación y garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados asegurando la igualdad de género y la representatividad, así como la objetivación del sistema de nombramiento de altos cargos judiciales, «supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos».

Para modernizar la administración de Justicia demandan un plan de inversión suficiente y prolongado destinado a incrementar las plantas judicial y fiscal equiparándolo a la media europea convocando al menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años; a la modernización de edificios; a la equiparación y medios necesarios para el proceso de digitalización, o a la compatibilización de los sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional y dotación de medios personales y materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción con dependencia directa de la autoridad judicial y fiscal, entre otras medidas expuestas.

En lo que se refiere a la mejora de las condiciones profesionales, piden que se convoque de manera «inmediata y formal» la mesa de retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010, así como recuperar el régimen de vacaciones y permisos vigente hasta la LO 8/2012 o la implantación urgente de cargas máximas de trabajo.

El Ministerio Fiscal solicita además que se deroguen los plazos máximos de instrucción mientras no se les dote de los medios necesarios al efecto, que la formación de los fiscales sea asumida por la Fiscalía General del Estado, que se refuerce la independencia del Ministerio Público y que tengan autonomía presupuestaria.