Hasta 18 años de prisión es la pena que el fiscal pide para un hombre que este miércoles, 18 de septiembre, se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de León por un delito continuado de agresión sexual, un delito de maltrato habitual, otro de coacciones y uno más de amenazas. El juicio se ha fijado para las 10 horas.
Los hechos se remontan a mayo de 2018, cuando el acusado –con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia– conoció a la víctima a través de internet, de las redes sociales. Según explica el fiscal en sus conclusiones provisionales, ambos iniciaron una relación de amistad y acordaron verse el día 8 o 9 de junio de ese mismo año en Zamora. El acusado la recogió en su coche, ambos conversaron en el interior del vehículo y, en un momento dado, él «la besó, le quitó los pantalones y la ropa interior» y la «penetró vaginalmente» a pesar de haberse negado ella y de haber insistido en que «no quería mantener relaciones sexuales» y en que «estaba casada».
De esta manera, la Fiscalía destaca que él actuó «en contra de su voluntad» y añade, además, que «el procesado se hizo unas fotos con la perjudicada» que utilizó en su contra. Le insistió en verse de nuevo y le dijo que si no lo hacía contaría a su familia lo ocurrido y les enseñaría esas fotografías. En este contexto se explica que la mujer, «asustada por las consecuencias», accedió a quedar con él de nuevo el 11 de junio. El acusado volvió a recogerla en su vehículo y «a pesar de la negativa de la perjudicada» la llevó hasta su casa y le dijo que ya era «suya».
Después, el escrito de la Fiscalía añade que el hombre contactó con la familia de ella y le dijo que había decidido irse con él y dejar atrás «su vida anterior», consiguiendo que estos, «con arraigadas costumbres gitanas», rompieran «cualquier relación con ella». Se explica entonces que la mujer, que no tenía «ni dónde ir ni a quién pedir ayuda», residió en el domicilio del acusado desde ese momento. Durante la convivencia «la obligó a mantener relaciones sexuales», señala el fiscal, «la penetró vaginalmente en múltiples ocasiones», la agarró de los brazos, le dio bofetadas en la cara, golpes en el cuerpo y le tiraba del pelo cuando esta «mostraba una mayor oposición a ceder ante sus deseos sexuales». Pese a ello, se afirma que «no constan lesiones por estos hechos al no haber acudido la perjudicada en ninguna ocasión al médico».
Ánimo "denigrante y vejatorio"
Se insiste, sin embargo, en que «durante el tiempo que duró la convivencia» el hombre actuó con la intención de «quebrantar su salud física y psíquica» y «de manera reiterada en el tiempo» la «sometió a golpes, amenazas, coacciones y agresiones sexuales de modo continuo, evidenciando todas estas acciones el ánimo absolutamente denigrante y vejatorio que imponía el acusado». Las conclusiones provisionales del fiscal subrayan también que «este acoso deliberado e insistente llevado a cabo por el procesado se deriva de su carácter sumamente violento y agresivo y se ha ido sucediendo de forma habitual en el seno familiar, produciéndose agresiones físicas y sexuales que no denunciaba y por las que la perjudicada no fue médicamente reconocida».
"Clima de violencia" y control
La Fiscalía habla de «clima de violencia» y señala que el procesado ejercía «un fuerte control» sobre ella, limitaba «su libertad personal, controlaba con quién se relacionaba y a dónde iba» y tampoco le permitía tener un teléfono móvil propio, por lo que la mujer «no tenía contacto con sus allegados y familiares», que recuerda que «tampoco querían saber nada de ella como consecuencia del engaño del acusado».
En el escrito se apunta también que él entró en prisión por otra causa el 19 de noviembre de 2019 y salió en febrero de 2021 y que ella permaneció en el domicilio que compartía con el acusado hasta el 30 de abril de 2022, cuando contactó con una ONG. Una vez en libertad, el acusado llamó a la mujer y le escribió mensajes «con ánimo de atemorizarla». «¿Quieres ruina? Si me entero que estás con otro te voy a matar. O me dices dónde estáis o te voy a matar», indicaba en algunos de estos mensajes «amenazantes e intimidatorios», según valora el fiscal.
En fecha de 16 de octubre de 2022 se dictó un auto por parte del Juzgado de Instrucción número 4 de León acordando, como medida cautelar, la prohibición de que el investigado pudiera comunicarse con la denunciante por cualquier medio o aproximarse a ella a una distancia de menos de 500 metros.
Delitos y penas
La Fiscalía estima, de cara al inicio del juicio, que el procesado cometió un delito continuado de agresión sexual por el que le reclama una pena de 14 años de cárcel, cinco de libertad vigilada y su inhabilitación para cualquier profesión, actividad u oficio que conlleve un contacto regular y directo con menores durante un periodo de diez años tras haber cumplido la condena. Valora también que es autor de un delito de maltrato habitual por el que solicita para él una pena de dos años y que se le prohiba la tenencia y porte de armas durante tres años; de otro delito continuado de coacciones por el que le pide un año de cárcel y privación del derecho de tenencia y porte de armas también durante tres años y, por último, de un delito de amenazas por el que le reclama una pena de un año más, así como que se le prive del derecho de tenencia y porte de armas durante tres años.
6.000 euros de indemnización
Por último, en concepto de responsabilidad civil, solicita que el procesado indemnice a la perjudicada por estos hechos en la cantidad de 6.000 euros, más los correspondientes intereses legales, así como que se haga cargo de las costas.