Cinco años de cárcel y una multa de once meses es la pena que el fiscal solicita para una mujer que este lunes, 27 de mayo, se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de León por un delito continuado de estafa en concurso medial con otro (también continuado) de falsificación de documento oficial y mercantil. El juicio está fijado para las 9:45 horas.
En sus conclusiones provisionales la Fiscalía señala que la acusada conoció a otra mujer en el año 2003 con la que entabló una relación de amistad. Durante los años siguientes, en los que la acusada trabajaba como agente de seguros para una entidad y posteriormente como agente financiera, propuso a esta mujer que llevara a cabo diversas inversiones después de ganarse su confianza. En 2016 le ofertó un producto de inversión y consiguió que le entregara 15.000 euros en efectivo sin ningún tipo de justificante con la promesa de que «ya le enviarían desde la compañía una póliza o contrato de depósito». Al transcurrir el tiempo y no recibir nada la denunciante, el fiscal apunta que «la acusada le entregó como justificante «un documento denominado certificado de adhesión» en el que figuraba un saldo o capital acumulado a fecha de 10 de noviembre de 2008 de 36.004,18 euros «y que no se correspondía con ningún producto que existiera en la realidad, habiendo sido creado dicho documento por la acusada, que hizo suya la cantidad de 15.000 euros sin invertirla en ningún producto y que no ha devuelto a la denunciante».
En su escrito, la Fiscalía también señala que en noviembre de 2008 la acusada, que trabajaba como agente financiera en una entidad, hizo creer a esta misma mujer que había conseguido que la entidad la contratara y «le entregó un contrato de agente financiero fechado el 18 de noviembre de 2008 para que lo firmara». El contrato tenía «naturaleza laboral» y en él se establecía la remuneración que iba a percibir y que sus cotizaciones a la Seguridad Social iban a ser abonadas por la entidad financiera. La mujer firmó el contrato creyendo que estaba siendo contratada, pero este «no respondía a la realidad y no había sido realizado por esa entidad, sino que había sido simulado por la acusada o por otra persona a petición suya, rellenando con los datos de la mujer algún modelo anterior del que disponía y sin que esta hubiera sido contratada por esa entidad». Tras haber realizado esta operación «le comunicó que tenía que captar cantidades de dinero de terceras personas para llegar a un volumen concreto de depósitos a plazo fijo con la entidad y que solo así cobraría comisiones».
El fiscal subraya que teniendo en cuenta esto la mujer «convenció a una serie de familiares y amigos para que realizaran transferencias e ingresos a favor de la acusada, que se apropió de esas cantidades sin destinarlas a ninguna inversión ni proceder a su devolución». En concreto, depositó en la cuenta de la acusada 18.000 euros el 8 de marzo de 2011 y, posteriormente, le entregó en mano 2.000 euros más. La acusada, para justificar que con ese dinero se había contratado un plazo fijo, «a sabiendas de que no era cierto», le entregó «un supuesto contrato de plazo fijo» abierto en teoría el 10 de abril de 2011 y que la Fiscalía explica que «en realidad no existe», habiendo sido creado el documento por la acusada o por otra persona a petición de ella».
La acusada recibió también otros 8.000 euros en efectivo para la supuesta contratación de depósitos a plazo fijo. Sin embargo se quedó con el dinero sin entregar ningún contrato. Fue la mujer a la que había engañado la que devolvió esa cantidad. En el escrito se señala que la encausada la convenció de nuevo para que aportara dinero y contratara plazos fijos como si en realidad fueran de otros clientes «bajo la promesa de que iba a recuperar el dinero con intereses y le pidió que le entregara la fotocopia del DNI de personas que figuraran como titulares de los depósitos. Así, entre 2008 y 2014, esta mujer le entregó a la acusada 51.000 euros en diversas entregas y 45.000 euros más, también en diversas entregas, para hacer depósitos correspondientes a supuestos clientes, sin que estas cantidades hayan sido devueltas.
Se indica también que en marzo de 2010 la mujer recibió un correo electrónico desde una dirección creada por la acusada en el que se le comunicaba que pasaban a hacerle un contrato indefinido con la entidad y que tenía 251 días cotizados, «hecho que no se correspondía con la realidad, al no haberse formalizado ningún contrato». En 2014 recibió otro correo en el que la acusada le decía que ya tenía sus objetivos y que tenía que captar inversiones por un importe de 160.000 euros para obtener nuevos beneficios. Si embargo, la denunciante no volvió a ingresar ninguna cantidad.
En 2015, cuando le reclamó las cantidades entregadas y le pidió explicaciones al constatar que no había estado contratada ni dada de alta en la Seguridad Social, la acusada le indicó que en realidad esto era responsabilidad de un director de la sucursal bancaria y que se iba a presentar una querella frente al mismo en los Juzgados de Madrid que le pidió que firmara. Días después la acusada, u otra persona por encargo de ella, le remitió por correo documentación judicial simulada. Finalmente, le dijo que el procedimiento había sido archivado por falta de pruebas. El importe total defraudado por la acusada asciende a 139.000 euros y el fiscal considera que cometió un delito continuado de estafa en concurso medial con otro (también continuado) de falsificación de documento oficial y mercantil.