El consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, garantizó este miércoles que desde su departamento “no cejarán” en su “empeño de hacer oposición al avance de la psicosis medioambientalista que se traduce en el cierre de negocios rurales”.
Dueñas confesó, en su comparecencia para hacer balance de legislatura en las Cortes, “lo complicado que es equilibrar el trabajo realizado por mi equipo para simplificar burocracia y estar peleando, al mismo tiempo, con la excesiva carga normativa que se impone al desarrollo de las principales actividades productivas”.
Prueba de ello, dijo, son las recientes publicaciones y puesta en vigor de los reales decretos de ordenación de sectores ganaderos, elaborados “con el fin principal de regular las supuestas repercusiones medio ambientales que se derivan de la actividad ganadera, además de limitar espacios y, en consecuencia, rendimiento productivo y por tanto económico”.
“No puede ser que la conservación y mejora del medio natural sirva para criminalizar a nuestros agricultores y ganaderos, ni que se realice sin respetar la calidad de vida de las personas” criticó, para exigir de nuevo “una PAC que represente a los agricultores y ganaderos de Castilla y León: una PAC profesional, que es la que crea empleo, riqueza y fomenta la actividad económica en el medio rural”.
En este contexto, puso de relieve que el apoyo a la ganadería sigue siendo una de sus “prioridades absolutas, ya sea mediante ayudas concretas o bien mediante acciones de carácter normativo que permitan mantener y mejorar la rentabilidad de las explotaciones ganaderas”.
En este sentido, con respecto a la ganadería extensiva, anunció que este mes de julio la Consejería publicará las ayudas a la realización de pequeñas infraestructuras para entidades locales, dotada con 2,3 millones de euros. Además, en el mes de septiembre, por primera vez, se publicará esta misma ayuda para titulares particulares de explotaciones ganaderas con una dotación de 2,4 millones de euros, intervenciones incluidas en el marco de Desarrollo Rural del PEPAC 2023-2027.
El consejero defendió la Ley de Sanidad Animal de Castilla y León que permitirá habilitar a los veterinarios no oficiales y defendió que se delegan funciones y nunca el control de los programas sanitarios. “El titular de cada explotación podrá elegir qué profesional quiere para ejecutar el saneamiento, dándole así la autonomía con la que cuenta cada empresario de este país”, dijo.
Además, anunció que se mantiene el compromiso de la Consejería, que se materializará en pocas semanas, de ayudar a las explotaciones afectadas durante el 2023 por la EHE que no fueron contempladas en la anterior convocatoria de ayudas. Ese año se destinaron a estos afectados, dijo, 5,7 millones.
Dueñas se congratuló además por la activación del procedimiento de Declaración de Emergencia Cinegética ante la “grave situación” de contagio de tuberculosis de la fauna silvestre. Asimismo, trasladó que en el plan de control de las enfermedades, las principales demandas del sector durante este tiempo de legislatura se han elevado y discutido en el Comité RASVE (Sistema de Alerta Sanitaria Veterinaria). “Hoy puedo contarles, no sin cierto orgullo, que parte importante de estas demandas, como son la eliminación de la doble vuelta a las explotaciones T3H excepto movimientos a pastos comunales y la supresión de las pruebas de movimiento de terneros a cebaderos cerrados, han sido atendidas y serán incorporadas en breve al Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina”, dijo.
Por lo que se refiere a la influenza aviar, anunció que se inician en el segundo semestre del 2024, las encuestas de bioseguridad a todas las explotaciones avícolas para limitar la amenaza de afección producida por esta enfermedad.
En materia de sanidad vegetal, denunció el “procedimiento cada vez más limitante” en el uso fitosanitario, como una de las consecuencias de aplicar las políticas "radicales" que contempla el Pacto Verde, “talismán principal de la Agenda 2030”.