El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos-Suárez-Quiñones, confió este martes en que a lo largo de 2025 las comunidades autónomas recuperen la gestión del lobo, después de que éstas la perdieran tras la inclusión de la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) en 2021. En este sentido, y durante su participación en el Congreso Regional de UPA, Suárez-Quiñones constató que desde esa fecha, el número de ataques a la ganadería ha aumentado en Castilla y León; y avanzó que convocará a las organizaciones agrarias el próximo martes para presentar los datos de agresiones actualizados, de 2024, en el que de nuevo “se presenta un incremento”.
“Tenemos que seguir tomando las decisiones necesarias que se están tomando”, comentó el consejero, quien anunció que, además, el PP en el Senado ha introducido una enmienda en la Ley de Desperdicio Alimentario pedir la “desclasificación” del lobo en el Lespre, pero que debe acordarse posteriormente con otros grupos parlamentarios en el Congreso.
Ello permitiría, dijo, volver a gestionar el lobo en el norte y al sur del Duero, para “cuando Europa tome la decisión” que ha respaldado el Convenio de Berna. “Sería una gran noticia para el campo y para Castilla y León”, apuntó. Además, de forma paralela, se refirió a otra iniciativa, en este caso una solicitud de “desclasificación” ante el Ministerio de Transición Ecológica por parte de varias comunidades autónomas.
Sin embargo, Suárez-Quiñones insistió en que, “a la vista de los datos de los censos del lobo” que publican todas las comunidades autónomas, con un incremento de poblaciones en el territorio y de los daños, “el Gobierno elimine esa cerrazón que tiene y logre sentar a las comunidades autónomas y buscar la marcha atrás”, que “sería la vía más rápida, porque mañana puede hacerlo”.
El consejero aprovechó el acto para agradecer a UPA Castilla y León el “trabajo que realiza”, junto al resto de las opas, y la “interlocución que mantienen con la Junta”, “porque gracias a esa colaboración se han conseguido éxitos comunes”, como es el caso del lobo. “Eso ha sido un trabajo conjunto, un trabajo de todas las organizaciones profesionales agrarias, de la Junta, y ahí ha estado también UPA. Ese es el camino de la colaboración”, expuso.
Suárez-Quiñones no solo se refirió a la “incertidumbre” del lobo, sino a otras también de carácter ambiental, como los “problemas” que puede suponer para el campo la aplicación de la Ley Europea de Restauración de la Naturaleza, que “puede tener unas consecuencias muy negativas para el campo”. En este punto, afeó el comportamiento del Gobierno de España, que “quiere una aplicación rápida e inmediata”, mientras la Junta “define una aplicación matizada, progresiva, para limitar las dificultades que puede causar al campo”.
En este sentido, mencionó que puede causar “la sobrepoblación de determinada fauna silvestre, de los jabalíes, de los ciervos”, contra los que se ha dictado una orden de emergencia cinegética, “puesta en marcha en una nueva ley”; así como la aplicación de la “normativa europea de materias fertilizantes, de las plantas de biogás, de las nuevas explotaciones agrarias, desde numerosos aspectos ambientales que jalonan el futuro con ciertas incertidumbres”. “Pero que lograremos superarlos con lo que es santo y seña de la Junta y de las organizaciones como UPA, que es sentarse, hablar, concertar y adoptar acciones conjuntas”, sentenció.