La Junta Electoral Central ha remitido un acuerdo al Ayuntamiento de Puebla de Lillo en el que solicita la retirada de la credencial de su alcalde, Pedro Vicente Sánchez, al haber incurrido «en causa de inelegibilidad sobrevenida». A raíz del juicio por la pieza de la Operación Púnica vinculada a la Diputación de León, Sánchez fue condenado el pasado mes de mayo a una pena de ocho años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa en virtud de una sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
El acuerdo de la Junta Electoral Central llega tras haber recibido escritos de sendos particulares en los que solicitaban la retirada de su credencial comoconcejal y por lo tanto su salida como regidor tras casi un cuarto de siglo. La petición se asentaba en que el artículo 6.2.b de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, establece que son inelegibles «los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la administración pública o contra las instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal». Es por eso que la Junta Electoral Central queda pendiente para la expedición de la nueva credencial después de que el Ayuntamiento de Puebla de Lillo apruebe en sesión plenaria la resolución en la que se dé cumplimiento a lo previsto en el citado precepto legal.
Ante el acuerdo recibido, el secretario municipal remitió a la Junta Electoral Central un informe en el que ve procedente que en la próxima sesión plenaria de carácter ordinario que se celebre en el Ayuntamiento de Puebla de Lillo se incluya un punto en el orden del día en el que se tome conocimiento de la sentencia no firme que condena al alcalde y en el que se adopte el acuerdo que procede según exige la normativa.
Y en los mismos términos se manifiesta también el propio regidor de Puebla de Lillo mediante un escrito remitido a la Junta Electoral Central, a la que se comunicará el acuerdo que se adopte en la sesión plenaria, que a priori estaría prevista para el próximo mes de marzo.
Pese a asumir el contenido de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), Sánchez recuerda en su escrito que ha interpuesto recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional que le condena a ocho años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa.
Además, el todavía alcalde de Puebla de Lillo recuerda que la Constitución Española garantiza el derecho a la presunción de inocencia, principio que a su juicio se vulnera con la redacción del artículo del mencionado artículo de la Loreg. «La presunción de inocencia es el derecho que tiene toda persona acusada de una infracción penal a que se le considere inocente hasta que una sentencia firme establezca su condena. Y ésta no lo es», apunta en el escrito remitido a la Junta Electoral Central.
En todo caso, todo apunta a que Sánchez seguirá los pasos del que fuera alcalde de Cuadros, Marcos Martínez Barazón (también condenado en el marco de la pieza de la Operación Púnica vinculada a la Diputación de León), que ya tuvo que dejar su cargo, aunque en este caso fueron los grupos de la oposición los que presentaron la solicitud correspondiente a la Junta Electoral Central.
En principio, el bastón de mando quedará en manos del actual teniente de alcalde, José Ramón Alonso, puesto que la Agrupación Independiente de Puebla de Lillo cuenta con mayoría absoluta al haberse hecho con cuatro concejales después de las elecciones municipales del pasado mes de mayo. Mientras, la Agrupación Independiente por la Montaña del Alto Porma (Aimap) logró las otras tres actas, aunque una de las integrantes del grupo ha decidido pasar a ser no adscrita al no estar de acuerdo con la decisión de no solicitar a la Junta Electoral Central la retirada de la credencial del todavía alcalde de Puebla de Lillo.