San Andrés del Rabanedo celebra este jueves el pleno ordinario del mes de marzo con el principal punto en el orden del día de la aprobación de la nueva tasa de basuras, cuestión que ha sido ya rechazada hasta en dos ocasiones esta legislatura, en 2023 y 2024. El motivo de ambas negativas fue la necesidad de que el ayuntamiento suscribiese un convenio con las juntas vecinales del municipio con el objetivo de que éstas quedaran exentas de pagar la cuota que les correspondiese por el tratamiento de basuras de servicios municipales que acogen (piscinas, campos de fútbol, mercadillos...) por los que además el consistorio recibe un beneficio.
Es decir, desde el 29 de diciembre de 2023, fecha en la que se celebró aquel primer pleno en el que se votaba la nueva tasa tras el traspaso de las competencias de la Diputación a Gersul en 2022, el equipo de gobierno de la UPL con Ana María Caurel al frente ha podido redactar el citado convenio, del que se ha acordado un par de días antes de llevar el asunto al pleno y sin ni siquiera hacer partícipes a los pedáneos, que aseguran haberse enterado de la propuesta a través de un medio de comunicación, «la gota que colma el vaso», al que al parecer traslada sus novedades el Ayuntamiento según señala el propio consistorio en la nota de prensa emitida posteriormente a que las juntas hicieran pública su indignación.
En un comunicado emitido, en su caso sí a todos los medios, los cuatro pedáneos, Máximo Muñiz (Trobajo), Maria Amparo García (San Andrés del Rabanedo), Jesús Cuenco (Villabalter) y Susana Núñez (Ferral del Bernesga), cargan contra el equipo de gobierno del ayuntamiento por no haberles convocado a tratar este asunto «desde noviembre de 2024, que es cuando se nos remite un borrador de este convenio del que no hemos sabido nada más hasta hoy».
Las juntas vecinales muestran su preocupación ya que aseguran que «los gastos son muchos, cada vez más y los ingresos apenas llegan de la tasa del agua y los cementerios, que son nuestras únicas competencias», asegurando incluso que la UPL «nos abocará a la ruina y a la desaparición» lamentando «buenas palabras pero ninguna acción».
En números, la ordenanza establece que la Junta Vecinal de Trobajo del Camino tendría que desembolsar casi 4.000 euros anuales, la de San Andrés del Rabanedo algo más de 3.000 euros, la pedanía de Ferral del Bernesga otros 927 euros y Villabalter tendría que aportar 812 euros, es decir unos 9.000 euros anuales en conjunto.
La propuesta de UPL
Sobre la bocina, como comienza a ser habitual en la legislatura, Caurel busca la aprobación de la tasa que recuerda «es de obligado cumplimiento y no debería depender de otras cuestiones», proponiendo destinar 14.000 euros procedentes del crédito extraordinario a las juntas para cubrir este gasto, aunque no especifica si lo hará de forma anual o solo en una ocasión. «A Ferral se destinarían 927 euros para cubrir la nueva tasa de basura, a Villabalter 812 euros, a San Andrés 3.068 euros y a Trobajo se dedicarían 3.645 euros. Además, cada junta vecinal recibirá a mayores 1.387 euros que pueden emplear en lo que consideren», explica el ayuntamiento. «Planteamos esta propuesta para tender una mano a las juntas vecinales y velar por su viabilidad económica», explican desde el equipo de Gobierno de San Andrés del Rabanedo, asegurando que «la tasa de Gersul es de obligado cumplimiento y que el Ayuntamiento propone con esos 14.000 euros pagársela a las cuatro juntas vecinales del municipio».
Además, aseguran que se encuentra bajo revisión una posible tramitación de baja de las deudas de las pedanías, asegurando que buscan «plantear la mejor opción y más ventajosa para las juntas vecinales» recordando que «ni PSOE ni PP lograron sacar adelante ningún convenio con las entidades locales menores del municipio».
En el habitual cruce de acusaciones también entrará otro de los puntos del pleno, en el que se buscará la aprobación de un expediente de reconocimiento extrajudicial de deuda para hacer frente al pago de 270.000 euros de facturas atrasadas». «Cuando UPL llegó al equipo de Gobierno nos encontramos con que los proveedores de los principales suministros estaban sin contrato», aseguran los leonesistas. «Hemos regulado tanto la luz, la limpieza, la calefacción o el gasoil», subrayan, y piden un «ejercicio de responsabilidad» a la oposición. «Para UPL es tan importante pagar las facturas que se adeudan tanto a grandes empresas como a proveedores locales».