La abogacía leonesa pide quitar las restricciones del covid en el ámbito de la justicia

La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de León, acordó solicitar a los órganos de Gobierno de la Administración de Justicia de la provincia, el cese de las medidas existentes adoptadas en su día para paliar, prevenir y contener la expansión del virus covid-19, tanto en lo referente al carácter público de la justicia, como sobre la limitación de entrada para profesionales en las oficinas judiciales con separación física mediante mamparas y mesas, la solicitud de cita previa en algunos servicios, concretamente en el Registro Civil, o celebraciones de juicios y vistas sin la presencia física del juez o Ministerio Fiscal, mientras los profesionales y las partes comparecen físicamente en la sala de vistas.

Por ello, pide la eliminación de las restricciones que aún se conservan, y que en nada favorecen al desarrollo de la actividad propia de los diferentes agentes profesionales en el ámbito de la Justicia pues suponen una “evidente merma” de determinados derechos y garantías de los ciudadanos y los profesionales, y una limitación al pleno ejercicio del derecho de defensa, acceso a los tribunales y publicidad de las actuaciones.

Tal y como consideró recientemente la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la limitación de acceso, en vigor desde el inicio de la pandemia, “ni se contemplaba en el artículo 18 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al covid-19 “. Tampoco está presente en la tercera actualización de la ‘Guía de Buenas prácticas y adopción de medidas de Salud Profesional’ de 2021 adoptada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

Por otro lado, el decano de la Abogacía leonesa, Fernando Rodríguez Santocildes, se suma a la petición del Pleno del Consejo General de la Abogacía Española que solicitó al Ministerio de Justicia que decrete como inhábil todo el periodo navideño de este mismo año, a la espera de que e se aprueben las leyes de eficiencia que lo establecerán de forma permanente.

“La inhabilidad procesal de todo el periodo navideño es una de las peticiones de la Abogacía en materia de conciliación, y fue incluida en el acuerdo alcanzado en noviembre de 2021 con el Ministerio de Justicia, junto con la suspensión de procedimientos en caso de enfermedad del profesional de la abogacía, el parto inminente o el fallecimiento de un familiar. Esos avances se iban a concretar en las leyes de eficiencia organizativa y procesal, que se encuentran todavía en fase de tramitación parlamentaria”, indicó.

Según manifestó el decano, “si no hubo inconveniente para declarar la habilidad del mes de agosto de 2020 de un día para otro, dejando a los abogados y a las abogadas sin vacaciones, no debería haberlo para declarar la inhabilidad del periodo navideño”.