Un informe del Ministerio de Trabajo y Economía Social, recogido por Ical, revela que los despidos resueltos en estos juzgados ascendieron el año pasado a 4.442, con un crecimiento del 15,9% respecto al dato de 2020 (3.833) y de 1,3% en comparación del de 2019 (3.990). Asimismo, los asuntos por reclamaciones derivadas del contrato de trabajo sumaron 8.432 con una subida del 57,3% respecto a 2020 (5.360) y del 3,4% frente a 2019 (8.157). Por lo respecto a los conflictos relacionados con la Seguridad Social alcanzaron los 5.452, un 73,7% más que en 2020 (3.138); y un 18,3% encima del dato de 2019 (4.609). Por último, ingresaron 98 conflictos colectivos, frente a los 113 de 2020; aunque por encima de los 87 de 2019.
Indemnizaciones por despido
Bajando al detalle del informe ministerial, los conflictos individuales por despidos con sentencia favorable y conciliación, afectaron a 3.258 trabajadores, 421 más que en 2020, con una subida del 14,8%. Las cantidades acordadas sumaron 26,31 millones de euros, 2,4 menos que en 2020; y la cuantía media descendió un 20,3%, hasta los 8.076,6 euros.
Los asuntos por despido resueltos con sentencia favorable (total o en parte) fueron 1.134, con 1.171 trabajadores afectados; unas cantidades reconocidas de 11,23 millones, y una indemnización media de 9.598,3 euros. En cuanto a los despidos resueltos por conciliación, se registraron 2.014 asuntos, con 2.087 trabajadores afectados; unas cantidades reconocidas de más de 15 millones de euros, con una media de 7.222,8 euros por empleado.
El estudio también se centra en los asuntos individuales en materia de reclamaciones de cantidad derivadas del contrato de trabajo. Los asuntos en este sentido, que se resolvieron con sentencia favorable al trabajador, sumaron 2.284, por los que lograron 10,5 millones, con una indemnización media de 4.597,9 euros. En cuanto a los que se resolvieron por conciliación, fueron 1.459, con más de diez millones pactados, que suponen una cuantía media de 6.887,6 euros.
Por último, el informe indica que a lo largo del año pasado sólo se contabilizó un expediente impugnado en la sala de los Social del TSJCyL sobre un despido colectivo, que supuso la anulación de la decisión empresarial.
Datos por provincias
Un análisis de los datos en función de las diferentes provincias de la comunidad pone de manifiesto que la actividad de estos juzgados de lo Social creció en todo el territorio a ritmos de dos dígitos, en relación a 2020. En concreto, en Segovia se disparó un 99,3%, hasta 1.204 asuntos ingresados; en Burgos se incrementó un 89,5%, con 2.839 casos; y en Salamanca, se elevó un 82,9%, hasta los 2.283.
Asimismo, los asuntos ingresados en estos tribunales crecieron por encima de la media autonómica (48,1%), en Soria, un 59,2% y 465; en Ávila, un 53,6% con 797 reclamaciones; en Valladolid, un 49,3% y 4.316 litigios laborales; y en Zamora, un 48,2%, y 1.132.
Por lo que se refiere a la provincia de Palencia, es preciso destacar que generó 1.118 asuntos para la jurisdicción Social, con un crecimiento del 42,8%; y en la cola de la tabla por aumento de estos casos se situó en León, con 4.270 y una subida del 11%.