La Audiencia, en contra de sobreseer el caso de Caja España en un recurso sobre los aforamientos

Aún está pendiente la resolución de la Audiencia Provincial acerca del levantamiento o no del archivo de la causa por las presuntas irregularidades en la concesión de créditos concedidos al exconsejero de Caja España, Santos Llamas, pero de forma paralela se siguen produciendo avances. El último, el auto fechado el pasado 4 de mayo por el que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León desestima en apelación el recurso presentado contra la providencia dictada el pasado 8 de enero por el Juzgado de Instrucción 5 de los de León en la que se requería a los letrados de la defensa que manifestasen si alguno de los investigados ostentaba la condición de aforados y que fuera acreditada. Cabe recordar que en esta causa se encuentra entre los investigados el número 3 del PP, Fernando Martínez Maíllo, este sí con condición reconocida de aforado.

Contra esta providencia presentaban recurso de reforma cuatro de los investigados que pedían además el archivo de la causa, siendo desestimado por el juzgado y, ahora, en el mismo sentido y en apelación, por la Audiencia Provincial.

Dice el auto que el recurso de apelación de no puede ser estimado pues los recurrentes «no pueden encontrar afección o daño para sus derechos en una resolución que pretende hacer efectivo un necesario flujo de información de las partes al órgano judicial, a fin de que éste pueda delimitar la competencia» y añade que los datos solicitados en la providencia recurrida «no plantean a los profesionales del derecho un conflicto de deslealtades» quedando obligados a cooperar con la Administración de Justicia. Y añade antes de concluir la desestimación que «ninguna relación guardan, con el objeto de la providencia recurrida, las extensas alegaciones de la parte apelante acerca de la procedencia del sobreseimiento [...] sin que sea admisible plantear con pretexto de cualquier resolución de mero trámite todo el posicionamiento sustantivo y procesal de una parte».

El abogado de Izquierda Unida, Alberto López, parte personada en la causa como acusación particular, apuntaba en declaraciones a este periódico que este auto implica que, si finalmente la Audiencia resuelve levantar el archivo, la siguiente actividad instructora será la toma de declaración de Fernando Martínez Maíllo, cuya citación compete por su aforamiento al Tribunal Supremo, dado que el resto de pruebas ya se han practicado y sería la única diligencia pendiente.