Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que si bien no se han llegado a concretar, es posible que la Fiscalía llegue a acuerdos de conformidad con varios encausados. En el escrito de acusación solicitaba penas que iban de los cuatro a los 9 años y medio de prisión. En el auto de pase a procedimiento abreviado, de febrero de 2022, la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, María Tardón, dejaba a un paso del banquillo a esta presunta trama por delitos contra la salud pública, falsedad documental y grupo criminal ante la cantidad de «indicios existentes» recabados en la fase de instrucción.
Según explicaba la magistrada, los investigados participaban desde octubre de 2016 en la introducción en el mercado para los consumidores de carne de equinos «no aptos para el consumo humano, evitando la trazabilidad de la carne y de esta manera el control sanitario». Se trataba de un negocio que desarrollaban «con ánimo lucrativo, ya que el precio de los animales no aptos para consumo humano era mucho menor que el destinado a los consumidores». Así, y «para poder cuadrar las cuentas de las sociedades y camuflar el estado real de las mismas se realizaron facturaciones ficticias».«De esta manera se camuflaba el gran número de sacrificios o manufacturas de carne para evitar que pudiera ser investigado por las autoridades administrativas, manejando siempre el dinero en metálico», apunta.
Identificación de caballos muertos
Para ello se valían de animales que no tenían ningún tipo de identificación o se dedicaban a adjudicarles una de forma artificial. Así, y para conseguir que un caballo con pasaporte rojo fuese apto para su venta utilizaban documentos de ejemplares muertos en la explotación y que no habían sido grabados en el sistema.
En el peor de los casos, los acusados hacían uso de caballos que no eran aptos para el consumo humano por diferentes razones y que entraban al matadero donde eran sacrificados para después entrar en la cadena alimentaria humana «debido a la falta de control del veterinario oficial».
Y para que esta cadena funcionase, señalaba la juez, era «indispensable» el acuerdo entre los «entradores» de ganado en los mataderos, los responsables de los centros y el propio veterinario. «Realizaban dicha actividad, evitando el control de los veterinarios dependientes de la Administración o en connivencia con alguno de estos y para ello falsificaban los documentos oficiales relativos a garantizar la trazabilidad de los animales», explicaba. En el principio de esta dinámica y como responsable de hacer que los caballos llegasen a los mataderos Tardón colocaba a Javier Fernández, que era ayudado por Alejandro Domínguez y Bernardino Castro.
Mataderos en Astorga y Toreno
Esa entrada de ganado no apto para consumo humano se realizaba a través de dos mataderos situados en la provincia de León. En el primero, situado en Astorga, los encargados de la adquisición del producto eran Felix Iñigo Roldán y Carlos Valeriano Sanz. Del matadero de Toreno, por su parte, la gestión corría a cargo de Fernando de Sousa y su mujer, Maria Mercedes Arias. En el primer centro, además, contaban con la connivencia de un veterinario oficial, sin que haya podido determinarse cuál de ellos les ayudaba; mientras que en el de Toreno contaban con la connivencia del veterinario oficial, Ángel Major de Benito.
Así las cosas, en el matadero de Toreno eran sacrificados unos 2.080 ejemplares a lo largo del año. Sin embargo, según datos oficiales de la Consejería deAgricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, durante el año 2015, en dicho matadero se sacrificaron únicamente 512 caballos.