La Cámara reclama a los consistorios que suspendan el cobro de la plusvalía municipal

Tras la publicación de las tres sentencias que declaran la inconstitucionalidad de la norma que faculta a los ayuntamientos a cobrar el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, popularmente conocido como plusvalía municipal, para los supuestos en que no hay incremento de valor, a las que se han añadido otras sentencias de tribunales superiores de justicia y Tribunal Supremo que anulan, en definitiva, la base legal que permite el cobro de tal impuesto, la Cámara de la Propiedad Urbana de León se ha dirigido por escrito a todos y cada uno de los ayuntamientos leoneses para solicitar la paralización inmediata de todas las liquidaciones de este cuestionado impuesto. Igualmente, y para el caso en que no haya habido incremento de valor, solicita que se devuelvan los importes efectivamente liquidados en vía administrativa, es decir, sin que el afectado tenga que acudir a los tribunales reclamando lo indebidamente pagado.

Para el caso de que se haya producido una efectiva plusvalía, también solicita la Cámara la suspensión del cobro, dado que el Tribunal Supremo ha anulado la fórmula de cálculo aplicada hasta ahora por los ayuntamientos, con lo cual, a día de hoy la plusvalía municipal no dispone de una base legal que permita su liquidación y cobro. La asociación considera que esta medida evitará que los afectados interpongan numerosas reclamaciones judiciales, que casi con seguridad conllevarán condena en costas, y no solo eso, sino que evitará también la crispación que produce que la administración más cercana al ciudadano opte por la recaudación por encima del principio de legalidad.

Las cámaras de la propiedad urbana han reclamado desde su Confederación, que representa a más de 160.000 propietarios, la supresión total y definitiva de este impuesto, sin que por ello se abogue por una merma de ingresos de los ayuntamientos. En este sentido, consideran necesario que se habilite la fórmula de compensación necesaria que sustituya a este impuesto, pero siempre desde un gravamen que tenga en cuenta la capacidad económica de las personas y la obtención de un beneficio, y que el importe resultante no sea de carácter confiscatorio. Así, ven por ejemplo, las transferencias de una parte de lo recaudado por los impuestos sobre la renta de las personas físicas y sociedades como el sistema más adecuado y que, además, evita que los ayuntamientos tengan que entrar a valorar las circunstancias de las operaciones inmobiliarias en las que se obtenga algún tipo de beneficio.