No obstante, precisa que podrán cazarse ejemplares si esa medida fue adoptada por las comunidades autónomas antes de la entrada en vigor de la orden de Transición Ecológica. Además, se permite la captura de lobos con una autorización administrativa autonómica cuando se demuestre que las medidas preventivas o de protección del ganado sean ineficaces, se justifique que la caza no afecta negativamente al estado de conservación favorable de la especie y se justifique que hay perjuicios importantes para el ganado por daños recurrentes o significativos.
Esta orden cuenta con el aval del Consejo de Estado y Transición Ecológica trabaja junto con las comunidades autónomas en un grupo de trabajo para actualizar la Estrategia de conservación y gestión del lobo en España y en un nuevo censo nacional del lobo, para lo cual el departamento dirigido por Teresa Ribera ha aprobado una partida presupuestaria.
Por otra parte, Transición Ecológica prepara medidas tanto presupuestarias como técnicas y humanas para que los ganaderos reciban indemnizaciones por daños ocasionados por lobos. Ese régimen de ayudas será idéntico en todo el país.
"El Ministerio tiene ya las previsiones de establecer compromisos presupuestarios y de apoyo técnico y de recursos humanos para contribuir a la tarea que hasta este momento venían soportando en exclusiva las comunidades autónomas y, sobre todo, para que de una vez por todas no sea el ganadero quien tenga que asumir sobre sus espaldas el coste de la gestión de una especie que en último término forma parte del conjunto de la biodiversidad de nuestro país", comentó el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
En este sentido, Morán añadió que el lobo ibérico "es patrimonio del conjunto de la sociedad y es el conjunto de la sociedad la que debe asumir los costes de gestión de protección de la biodiversidad".
Varias comunidades acudirán a los tribunales
Esta decisión ha soliviantado a algunos gobiernos autonómicos en cuyas regiones habita el lobo, pues varias de ellas, entre las que se encuentra Castilla y León, han anunciado que recurrirán ante los tribunales la orden ministerial y pedirán que se adopten medidas cautelares de suspensión hasta que no haya un pronunciamiento final de la Justicia.
Además, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han acusado al Gobierno de "condenar a la ganadería a la extinción" al "blindar" el lobo ibérico con su inclusión en el Lespre, lo que, según han admitido, ha caído como "un jarro de agua fría sobre los ganaderos y sus organizaciones representativas", que rechazan tal medida por ser "ajena a los intereses de la ganadería y del medio rural".
De hecho, apuntaron que "el lobo causa graves daños al ganado, pues se alimenta de él, muy especialmente de aquellas explotaciones que practican la ganadería extensiva". "La protección del lobo es una medida tomada desde los despachos y no desde los pueblos. Cualquiera que viva en el medio rural y conviva con el lobo sabe que la mejor gestión no es la total protección", señalan las organizaciones agrarias.
También han acusado a la ministra Teresa Ribera y a su equipo de “falta de palabra”, pues se comprometieron a negociar el protocolo de gestión de la especie antes de tomar esta medida de incluir al lobo en el Lespre, por lo que pidieron la dimisión de la vicepresidenta tercera del Gobierno. Estas organizaciones estudian convocar movilizaciones de rechazo a esta medida.
Celebración entre los ecologistas
La inclusión del lobo ibérico en el Lespre y su consecuente prohibición de caza en toda España fue celebrada, sin embargo, por las organizaciones ecologistas. WWF ha valorado este "giro imprescindible" en la protección de la especie y ha subrayado que debe abrirse una nueva etapa centrada en conservar las poblaciones loberas apostando por una "coexistencia efectiva" con la ganadería "en lugar de seguir matando lobos de forma indiscriminada".
"Se abre una nueva etapa tras años denunciando que no se estaban cumpliendo las leyes, que matar lobos no es la solución y que su gestión se basaba en su persecución. Es el momento de apostar por un nuevo modelo de gestión basado en la coexistencia y de poner en valor tanto al lobo como a la ganadería extensiva", ha comentado Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España.
Por su parte, Ecologistas en Acción ha considerado "un avance importante" para la conservación del lobo ibérico su inclusión en el Lespre, con lo que los gobiernos autonómicos ya no podrán establecer cupos de ejemplares que pueden ser cazados.
Esta organización ha destacado que, con esta protección, la persecución del lobo pasa a ser un delito tipificado en el artículo 334 Código Penal, con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a 24 meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio y para el ejercicio del derecho de cazar o pescar de dos a cuatro años.