Así las cosas, según Ramón se procedió «a dar la orden a la ingeniera jefe de que cambiara los títulos de esas memorias» y se eliminara cualquier referencia al Mundial de Ciclismo. La funcionaria desconoce si esa orden se la dio el propio regidor, en ese momento, Samuel Folgueral o Emilio Cubelos, pero procedió al cambio. Un segunda «irregularidad», según denomina Ramón se detecta en la nomenclatura de las obras que «en todos los casos excepto uno incluían la palabra drenaje». Se asumía esa denominación, según plantea la Comisión, con la intención de que esas obras fueran costeadas a cargo del convenio regulador del servicio unificado de agua y saneamiento que el Ayuntamiento tenía con Aquagest y por el que la concesionaria debía invertir tres millones de euros en obras de mejoras de saneamiento a lo largo de su tiempo de servicio. En ese importe, finalmente, se incluyeron esos 800.000 euros en este convenio, algo que Ramón lamenta «porque ahora se necesitan obras de mejora y se tendrá que buscar otras partidas para costearlas», reprocha.
Once millones
Las cuentas del Mundial dentro de la Comisión son que el evento supuso once millones, según el portavoz de la misma, Miguel Ángel Fernández «y siguen apareciendo facturas impagadas», advierte. Fernández manifestó estar molesto, sobre todo por la falta de comparecientes. Echa en falta el portavoz, sobre todo, los testimonios de los dos alcaldes que estuvieron detrás del Mundial (Carlos López Riesco y Samuel Folgueral) y de los respectivos presidentes de la Fundación de Deporte, al mismo tiempo concejales de Deportes, Antonio Atanasio y Sergio Gallardo respectivamente. «Tenían una ocasión importante para tratar de aclarar ciertas circunstancias que no están claras», reprocha. Lo más sangrante para Fernández es que los servicios de Intervención y el secretario de la Fundación dieron aviso «desde el principio», de la irregularidad que podía cometerse al no contar con partidas para costear cosas. Se contaba con los patrocinadores, pero estos no llegaron y eso, advertían los servicios económicos, que debía dar paso a la modificación de los presupuestos, según el actual concejala de Hacienda y también miembro de la Comisión, Amparo Vidal. «Las advertencias de legalidad de lo que esto podía suponer fueron reiteradas», dice, y el Consejo Consultivo en su informe abunda que «faltó previsión, precisión y transparencia». Por eso Vidal critica que el anterior equipo de gobierno se escude en que hizo «lo que decían los técnicos», cuando la información que han recopilado deja claro que no fue así. A mediados de diciembre se desarrollará un documento de conclusiones que se pretende trasladar a pleno ese mismo mes para que se tomen las decisiones correspondiente.Además, Fernández anuncia que se trasladará a los juzgados para que adopten las medidas que consideren oportunas en base a la información constatada.