La condena de Gago corre en prisión, pero no en la calle

La Justicia la condenó a 14 años de prisión por su participación en un crimen en el que sigue sosteniendo que jamás estuvo involucrada. Pero estar recluida entre «hormigón y acero», como ella misma describe, no es la peor de las condenas. En prisión sufre por la tensión social que «rezuma la sociedad civil leonesa contra Raquel Gago y sus padres ancianos», como se expone en la solicitud de traslado dirigida a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a la que ha tenido acceso este periódico. Una sociedad leonesa que «además de condenar a la interna por tan execrable crimen está condenando, de manera injusta e innecesaria, a quienes nada tienen que ver con el delito castigado, que ya bastante es; la familia y su calor es lo único que le queda a Raquel y constituye su fuente de cariño, cercanía y comprensión que todo ser humano necesita». Y es que los padres de Gago han trasladado su residencia a la Comunidad de Madrid, donde ya residía el hermano de la condenada, empujados en buena medida por el aislamiento social en el que se han visto sumidos en la capital leonesa.

Dice el escrito que «al dolor de tener una hija en esta situación, lo cual ya por sí solo es suficiente, se ven enfrentados a la constante reprobación silenciosa de gran parte de los vecinos de la ciudad en la que residían, donde amigos de toda la vida les han dado la espalda o, simplemente, les niegan el saludo».

A Raquel la condenó un jurado popular que motivaba su veredicto en que aquel 12 de mayo de 2014, cuando la presidenta de la Diputación y el PP leonés fue asesinada de tres tiros por la espalda a plena luz del día en una pasarela sobre el río Bernesga a manos de Montserrat González; la asesina, su hija y Raquel «tomaron un té juntas minutos antes de cometerse el crimen». De nada valió que quien apretó el gatillo y su hija, Triana, exculparan a Raquel; el jurado zanjó que existió un plan a tres y aunque la primera sentencia trató de dejar la participación de Gago en un encubrimiento, las posteriores instancias, siempre tomando como referencia el veredicto del jurado, fueron incrementándole la condena.

Gago: "Agradezco mucho a los funcionarios de la prisión de León el trato profesional y respetuoso"Un té le costó 14 años de cárcel y, como la propia Raquel Gago se preguntaba en voz alta en una entrevista concedida a este periódico: «¿Realmente (los jurados) tenían las pruebas suficientes y podían decir convencidos que había un plan preconcebido, y la respuesta ha sido, es y será siempre no, y un no absolutamente rotundo».

El mismo jurado que, de forma de incomprensible, la vio culpable de un asesinato pero le concedía la oportunidad de indulto, una posibilidad a la que Gago nunca se ha querido acoger porque«que un inocente sufra la pena de prisión es duro, pero asumir lo que implica el indulto, asumir la responsabilidad de algo que no se ha hecho, es francamente difícil», explicaba también en declaraciones a La Nueva Crónica su abogado Santiago Torres, el mismo que firma la solicitud de traslado remitido a Instituciones Penitenciarias para que Raquel pueda continuar cumpliendo su condena en el Centro Penitenciario Madrid I, una prisión de mujeres situada en Alcalá de Henares, más próxima al domicilio habitual en el que reside actualmente la familia de Raquel.

La distancia hace que para la familia de Gago ir a visitarla a prisión suponga un «enorme esfuerzo de logística y organización, además de salud», molestia que la reclusa desea evitar a los suyos sin renunciar al «calor de su familia con mayor asiduidad», lo que le ayudaría a «soportar los innegables efectos de la reclusión».

Detalla su abogado en el escrito que existen otras razones además de las familiares, como el «acoso mediático» que sufre su representada cada vez que ha salido de prisión para recibir atención sanitaria. Por ello cree que su traslado a Madrid ayudará a disminuir esa «tensión social que padece por su cercanía al lugar donde acaecieron los hechos en que se basó su condena», y añade que «su humilde persona no tiene por qué ser noticia cada vez que salga del centro penitenciario, ningún otro interno lo es; y esto es solo posible si cumpliera el resto de la condena fuera de la provincia en la que su nombre parece que no va a dejar nunca de asociarse a unos luctuosos y terribles hechos».

La reclusa transmite que sólo busca la "cercanía de su familia y perder notoriedad"Y argumenta más aún, pues el letrado afirma que la exposición pública a la que se ve sometida en cada una de sus salidas del centro afectan también a la relación con el resto de internos quienes, al ver lo publicado en los medios de comunicación, «llegan a la nefasta convicción de que en su situación carcelaria se le da un continuo trato de favor, nada más lejos de la realidad». Además, al parecer Raquel Gago pretende realizar estudios universitarios para reordenar su vida, por lo que la prisión de Madrid se hace más adecuada a sus fines ya que constan de unas «magníficas instalaciones académicas, así como la presencia regular de profesorado tutor de la Uned en coordinación permanente con el equipo educativo del centro penitenciario».

El traslado ya ha sido aprobado, y se prevé que en los próximos días Raquel Gago abandone el centro de Villahierro, en Mansilla de las Mulas, donde ha cumplido ya más de tres años de pena (casi nueve meses en preventiva y dos años y cuatro meses desde su ingreso en diciembre de 2016 ya con sentencia firme). No obstante, y expuestas las razones de su deseo de ser trasladada, Raquel Gago transmitía en declaraciones a este medio el pasado martes a través de su abogado «todo mi agradecimiento a los funcionarios del centro penitenciario leonés por la profesionalidad y el respeto con el que he sido tratada» y reiteraba que su petición de traslado se sustenta en la necesidad de «sentir la cercanía familiar» y tratar de «perder la notoriedad» que le rodea en este entorno, en el que a pesar de que su condena corre dentro de prisión, no lo hace fuera.

Más ahora que pronto podría empezar a disfrutar de sus primeros permisos penitenciarios pues, con tres años de la condena cumplida, le faltan apenas cinco meses para cubrir la cuarta parte de la misma lo que, unido a su clasificación de interna de segundo grado y a que no tiene informes por mala conducta, cumpliría los requisitos objetivos para empezar a salir quedando la decisión final en manos de la Junta de Tratamiento.