Una de ellas es José Luis Peñas, el exconcejal popular de Majadahonda cuyas grabaciones realizadas de tapadillo constituyen una de las principales pruebas del caso Gürtel. Peñas conoció a Francisco Correa un día antes de su boda en Ponferrada en junio de 2001. La mujer de Correa trabajaba también en el Ayuntamiento de Majadahonda, supuestamente gracias a sus influencias.
Tiempo después, cuando la relación fue más estrecha y descubrió los tejemanejes del conseguidor, comenzó a grabarle a escondidas. Y, como ya es conocido, en noviembre de 2007 se presentó con estas grabaciones en la sede central de la Policía Nacional de Madrid. Acababa de abrir la caja de los truenos del caso Gürtel.
«Ya sabes que el suegro de Pepe es un tío con posibles allí en el Bierzo, pues está ayudando», dice el también ex edil Juan José Moreno Su mujer, hija del conocido empresario berciano Victorino Redondo (actualmente jubilado), que fue dueño de la cadena de supermercados Cenco hasta que se la vendió a Eroski, supo desde el primer momento la decisión de su marido de destapar esta trama en la que también se encontraba encerrado. Esto le supuso, como a él, amenazas y hasta una persecución en coche que acabó con una salida de la carretera, por suerte sin mayores consecuencias.
Ahora Peñas trabaja de jefe de ordenanzas en el centro cultural municipal de Aravaca y el juez Pablo Ruz acaba de abrir juicio oral para cuarenta imputados en la trama de corrupción. Entre ellas, el ex gerente del PP, Luis Bárcenas, y el propio Correa que, cuando lo conoció Peñas, llevaba las cuentas del bembibrense José Ramón Blanco Balín, ex consejero de Repsol y también supuestamente implicado en la trama Gürtel.
Los imputados se sentarán en el banquillo por doce delitos presuntamente cometidos entre 1999 y 2005, la primera de las etapas incluidas en el caso Gürtel y cuya instrucción acaba de finalizar. El agujero en las cuentas públicas por los supuestos negocios corruptos de esta trama dirigida por Correa, junto a una decena de administraciones y un buen puñado de empresas y empresarios, se ha calculado en 449 millones de euros.
Pero mientras este caso se instruía, surgía otro: la Operación Púnica, que aún está dando sus primeros pasos, y de nuevo ha tenido uno de sus focos en la provincia leonesa, donde ha supuesto la detención y posterior encarcelamiento del entonces presidente de la Diputación de León: Marcos Martínez, y la imputación del interventor Jesús López Sánchez ‘Suso’, que esta semana ha sido finalmente relevado de su puesto. El juez Eloy Velasco estudia mientras tanto los miles de folios que los agentes de la UCO sacaron de la Diputación.
Y hasta aquí la historia, más o menos conocida, del Caso Gürtel y de la Operación Púnica. Dos ríos paralelos, pero que parece que empiezan a confluir en algunos puntos, con el trasvase de algunos nombres de uno a otro.
Entre ellos el de José Luis Peñas, ya que esta semana, tras levantarse el secreto de sumario sobre más de 7.000 folios de la Operación Púnica por parte del juez Velasco, su nombre ha vuelto a salir en los documentos y sus grabaciones son utilizadas como pruebas dentro del sumario.
Así, de entre la información que Velasco ha decidido sacar a la luz, y en la que aún no aparecen las cuestiones clave del caso, sino más bien datos fiscales y económicos de las empresas supuestamente implicadas, hay grabaciones que Peñas entregó en un soporte informático en mayo de 2009 ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En una de ellas aparecen el también ex edil de Majadahonda, Juan José Moreno, y el ex representante de la constructora Dico, Raúl Calvo, vinculada a la trama Púnica.
De esta manera se empiezan a repetir nombres y ayuntamientos implicados en ambos casos y las grabaciones que Peñas y su mujer guardaron hasta su entrega al juez servirán de pruebas para ambas tramas de corrupción. En la grabación entregada por Peñas y grabada por Moreno se habla de presunto dinero de comisiones a responsables públicos y partidas para «la campaña de las elecciones generales para Génova», citando también al ex consejero madrileño Francisco Granados y cómo éste forzó el cese del alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, imputado en Gürtel.
En la conversación aportada por Peñas a la Justicia aparecen también referencias a David Marjaliza, socio de Granados, y uno de los principales supuestos implicados en esta trama, así como relacionado con Alejandro de Pedro, al que el juez Velasco considera uno de los conseguidores de contratos públicos y presuntamente relacionado con el ex presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y la trama Púnica.
Dentro del caso Gürtel y según los autos del juez Ruz, el propio José Luis Peñas también podría presuntamente haber recibido pagos de la trama, incluso mientras estaba realizando las grabaciones que después entregó. Y también el otro edil de Majadahonda, Juan José Moreno, que realizó esta grabación aportada por Peñas e incluida ahora en los documentos de la Púnica.
En la grabación, Raúl Calvo alude incluso a la situación de los propios Moreno y Peñas, una vez que han salido de concejales de Majadahonda, donde el primero era responsable de Hacienda y el segundo de Urbanismo.
«¿Y económicamente cómo os estáis desenvolviendo?», pregunta. Moreno responde: «Pues estamos desenvolviéndonos a base de la familia. Bueno, ya sabes que el suegro de Pepe es un tío con posibles allí en el Bierzo, pues está ayudando, porque Pepe era más problemático y yo, al fin y al cabo, tengo el sueldo de funcionaria de mi mujer, que es funcionaria del tipo A».
Imputados bercianos en la trama Gürtel
Este pasado jueves el juez Pablo Ruz abría juicio oral contra cuarenta imputados en el caso Gürtel, una vez finalizada la instrucción de la primera etapa investigada. La trama también tiene varios imputados en el Bierzo. Entre ellos están los empresarios y constructores bercianos José Luis Ulibarri y José Martínez Núñez.
Una querella del abogado del primero, Ignacio Peláez, por las escuchas ordenadas a los presos encausados con sus abogados motivó el apartamiento de Baltasar Garzón, instructor del caso. También del Bierzo e imputado por Garzón en el Caso Gürtel, es el bembibrense Ramón Blanco Balín, ex consejero de Repsol y de varias empresas, entre ellas Coto Minero.