La Cordillera Cantábrica gana su primer asalto frente a los megaproyectos eólicos

La campaña de crowdfunding para crear el Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica (FDJCC), iniciada el pasado 22 de abril, Día de la Tierra, finalizó el pasado domingo 6 de junio, coincidiendo con el fin de semana del Día Mundial del Medio Ambiente. Ha superado su objetivo (40.500 euros) y ha alcanzado un total de 49.434 euros, un 122 % respecto al reto marcado, que se destinarán a defender este santuario natural de los abusos de las grandes corporaciones energéticas.

Según se explicó en un comunicado, han sido 46 días de intenso trabajo, desarrollado por las entidades promotoras: Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), Mesa Eólica de Las Merindades de Burgos, Plataforma Bierzo Aire Limpio, Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC), Plataforma para la Defensa de los Valles Pasiegos y Sociedade Galega de Ornitoloxía (SGO). Los resultados de la campaña han superado todas las expectativas, contabilizando un total de 834 donaciones de las cuales es importante destacar el perfil de procedencia pues, además de numerosas aportaciones particulares, 49 aportaciones corresponden a entidades no sólo conservacionistas y ecologistas sino, de forma muy significativa, a empresas de turismo, medioambientales y agroalimentarias. Igualmente importante ha sido el impacto en medios de comunicación tanto del ámbito regional como nacional.

El Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica pretende recoger, atender y apoyar las sensibilidades de las numerosas iniciativas locales surgidas en los últimos meses desde las montañas gallegas orientales al norte burgalés, desde el occidente asturiano a los valles pasiegos, desde El Bierzo hasta las montañas leonesas y palentinas. El resultado obtenido permite iniciar el proyecto con todos los recursos disponibles.

El Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica actuará en varios frentes: mediante la defensa jurídica, impulsando acciones legales en el ámbito judicial europeo, estatal y autonómico contra las actuaciones de las administraciones públicas y contra la normativa sectorial que soslaye la planificación y ordenación territorial previas o que contravengan el tratado internacional que regula los derechos de participación ciudadana en relación con el medio ambiente; el Fondo prestará asistencia a colectivos, asociaciones y comunidades locales que persigan los mismos fines de defensa de la biodiversidad y del paisaje, y pondrá a disposición pública una base de conocimiento con recursos legales, bibliográficos y cartográficos para facilitar la participación ciudadana.