Todas las empresas licitadoras que se presentaron al concurso –quince en total– fueron admitidas, y este martes se abrió el tercer sobre del proceso, por lo que previsiblemente los adjudicatarios de las dos zonas se conocerán en los próximos días, una vez concluido el informe técnico. El presidente de la mesa de contratación es el vicepresidente primero de la Diputación, Lupicinio Rodrigo. Rodrigo y el diputado leonesista Lázaro García Bayón son los dos únicos políticos que forman parte del órgano que adjudicará este contrato, que previsiblemente se adjudicará en dos partes: zona occidental (Ponferrada) y zona oriental (León), con dos millones de euros para cada zona.
Las empresas ‘mejor posicionadas’
El burgalés Ulibarri, imputado en Gürtel, tiene vinculación empresarial con una de las firmas licitadoras Una de las empresas que optan a hacerse con el contrato de la zona oriental es Arcor SL, una compañía con sede en Valladolid en la que figura como apoderada una hija de José Luis Ulibarri, empresario burgalés imputado en la trama Gürtel. El objeto social de esta empresa es la contratación y construcción de todo tipo de obras, civiles y de edificación, públicas o privadas, y la promoción de edificaciones por cuenta propia o ajena, según consta en el Registro Mercantil. Sin embargo, al haber hecho esta empresa una proposición económica bianual –no anual, como indicaban los pliegos– los técnicos deberán ahora decidir si la oferta puede o no admitirse.
El portavoz del PP en la institución provincial, Jaime González, está vinculado con una de las 15 empresas licitadoras Entre las empresas licitadoras con mejores puntuaciones para la zona occidental figura Asfaltos Paglobier SL, administrada por A.C.B., la misma persona que dirige Excarbi SL (licitadora también), la constructora berciana sobre la que la oposición ha denunciado sospechas sobre su vinculación con el portavoz del equipo de gobierno, el popular Jaime González. Ya en octubre de 2010, el entonces portavoz del grupo socialista, el diputado Matías Llorente, amenazó con llevar a la Fiscalía la supuesta vinculación de Jaime González Arias –entonces diputado de Fomento, además de portavoz del PP en la institución provincial– con la sociedad limitada Excarbi, para la que González Arias ejerció de abogado y a la que habría otorgado «a dedo y por urgencia» obras por valor de unos 400.000 euros sólo en 2009, actuaciones que Llorente calificó entonces de «delictivas». Aunque la amenaza de Llorente nunca llegó a la Fiscalía, unos meses más tarde el hoy diputado no adscrito hacía pública otra denuncia: la creación ex profeso por parte de Excarbi de una empresa de gestión de recibos que logró en apenas cuatro meses desde su puesta en marcha un contrato de 3 millones de euros para el cobro de recibos de Gersul.
Lupicinio Rodrigo, vicepresidente primero de la institución, preside la mesa de contratación que adjudicará en pocos días las obras Aquella empresa, Biergrim, fue creada por el administrador de Excarbi junto a otro socio, aunque las posteriores desavenencias con la Diputación (que a día de hoy continúan dirimiéndose en los tribunales ) hicieron que el máximo responsable de Excarbi SL se desvinculara hace año y medio de Biergrim para seguir manteniendo ‘buenas relaciones’ con la institución provincial, donde los grupos de la oposición aseguran que la empresa constructora berciana ha seguido obteniendo numerosos contratos menores de obras.
También Izquierda Unida, que espera hacerse con un escaño en la institución provincial que considera «ganado» el 24M, denuncia la vinculación de Excarbi con el portavoz del PP. «Ha actuado como abogado de esa empresa contra ayuntamientos como Villafranca del Bierzo», critica Santiago Ordóñez, que lamenta que se le permita la compatibilidad para ejercer la abogacía y recuerda que «los diputados están al servicio de los ayuntamientos de la provincia, no para actuar contra ellos».