La Fiscalía Provincial de León abrió diligencias el pasado año por once presuntos casos de malversación (ocho), cohecho (1) y estafa o fraude de prestaciones de la Seguridad Social por autoridad o funcionario público (2) –además de otros 34 por prevaricación administrativa–. Sin embargo, no se calificó para juicio ni un sólo caso.
Según la última estadística de Actividad del Ministerio Fiscal publicada por el Consejo General del Poder Judicial, lo mismo sucedía en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, con siete investigaciones abiertas (cinco por defraudación tributaria y dos por fraude de subvenciones) y cero calificaciones para juicio.
Las diligencias previas no siempre derivan en enjuiciamiento, puede ser que tras la investigación la justicia decida archivar el caso; pero en el supuesto de este tipo de delitos no hay ni uno sólo que termine por sentar en el banquillo a los acusados. Cabe señalar, eso sí, que las diligencias pueden abrirse un año y dilatarse hasta el siguiente, pero lo que refleja esta estadística es que investigaciones sobre malversaciones, supuestos cohechos o defraudaciones tributarias... sí que hay, pero lo que no hay son juicios ni sentencias.
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