La gestión de las juntas vecinales no es una cuestión de tamaño

El Real Decreto 128/2018 ha puesto en el ojo del huracán a las juntas vecinales. La norma elimina la figura del vecino-secretario y atribuye sus funciones a un funcionario habilitado nacional. Según está redactada actualmente la disposición V del decreto, se puede inferir que será el secretario del ayuntamiento el que asumirá las gestiones de las entidades locales menores. No obstante, tanto la Diputación como el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) han solicitado al Ministerio de Hacienda y Función Pública una interpretación concisa de varios aspectos del decreto.

Entre los puntos a aclarar se encuentra la participación de las diputaciones para asistir a las juntas vecinales. Actualmente, en los municipios de menos de 20.000 habitantes, el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) tramita las reclamaciones de cientos de pedanías, las que lo piden, según apunta el presidente, Juan Martínez Majo. En otros municipios, el ayuntamiento asiste a las juntas vecinales y otro buen número buscan soluciones propias, al margen del SAM o de los ayuntamientos. En el caso de los municipios de mayor tamaño, en líneas generales, la colaboración es fluida en la gestión y la atención de las necesidades, pero en última instancia son las propias pedanías las que se encargan de dar cumplimiento a los trámites administrativos a través de gestorías o de sus propios responsables.

En la capital leonesa, la concejala de Participación Ciudadana, Marta Mejías, asegura que el Ayuntamiento mantiene reuniones periódicas con las juntas vecinales de Oteruelo de la Valdoncina, Trobajo del Cerecedo y Armunia, pero las gestiones administrativas como la dación de cuentas las realizan por medios ajenos al ayuntamiento.

En Ponferrada hay 17 Juntas Vecinales de tres signos políticos distintos, Coalición por el Bierzo, USE y PP. Los dos primeros cuentan con cinco representantes y los populares con 7. Pese a esas distancias, en 2016 todos ellos firmaron por unanimidad un documento con el Ayuntamiento de Ponferrada con sus derechos y obligaciones en el que se marcaba su funcionamiento. El concejal de Medio Rural, Iván Alonso asegura que las pedanías «siempre están asistidas» por el secretario municipal e incluso por él como concejal. En concreto asegura que hay una técnica de la administración general que revisa los compromisos del Ayuntamiento firmados por las pedanías. Además, el concejal les ayuda en la tramitación de subvenciones, las últimas para proyectos conjuntos del Camino de Santiago y la Tebaida Berciana. Además, la secretaria municipal «les asiste» y convoca a los pedáneos a los plenos. Es ella la que lleva adelante la aprobación de las cuentas de cada una de las Juntas Vecinales. Reconoce que se ha hecho así desde 2017, al menos, y asegura que sigue adelante ese acercamiento a las pedanías con reuniones personales con ellos para definir sus necesidades.

En San Andrés del Rabanedo, el tercer ayuntamiento de la provincia en número de habitantes, con más de 31.000 vecinos, como en el caso de León, las juntas vecinales reciben asesoramiento y fondos de las arcas municipales, pero son las propias entidades locales menores (Ferral del Bernesga, Villabalter, San Andrés y Trobajo del Camino) las que se encargan de la parte ‘legal’, según explica el actual concejal de Juntas Vecinales y presidente de la de San Andrés, Abel Iglesias.
De menos de 20.000 habitantes

En los municipios de menos de 20.000 habitantes, cuya asistencia corresponde a la Diputación, prima el recurso al SAM para asegurar el cumplimiento de la ley.
De forma más concreta, en La Robla, el alcalde, el socialista Santiago Dorado, asegura que de momento desde el Ayuntamiento no se ha dado ningún paso y que se mantienen «expectantes». Sí indica que la Secretaría municipal ya cuenta «con mucho trabajo» del propio Ayuntamiento, por lo que no ve que la solución pase por que preste además servicio a las pedanías. Dorado recalca que «estamos expectantes a la espera de que el Gobierno suspenda la aplicación del decreto o lo retire, ya que de no ser así supondrá la completa paralización de las juntas vecinales y de los ayuntamientos».

Por su parte, el regidor de Villablino, Mario Rivas, también se encuentra «en suspense y preocupado» por la aplicación del polémico decreto. En este sentido, explica que en el caso de Villablino existen dos pedanías –Villaseca y Caboalles de Abajo- que superan los mil habitantes, «los mismos que tienen algunos pequeños ayuntamientos de la provincia». Por ello considera inviable que desde el Ayuntamiento la Secretaría también tenga que asumir la gestión de las pedanías, «no sería posible, incluso nos veríamos obligados a incorporar más personal». Por ello, aboga por que la gestión de las pedanías siga siendo realizada, como hasta ahora, por los propios vecinos, «que se mantenga el modelo de gestión, con los vecinos, que es una labor que han venido realizando muy bien».

Del mismo modo que en Villablino, aunque con pedanías más pequeña se trabaja en La Bañeza. Santiago de la Valduerna y San Mamés se ocupan de sus gestiones, según explica el concejal del área, Tomás Gallero, que el ayuntamiento mantiene convenios con ambas juntas vecinales para otras cuestiones. Lo mismo ocurre en Astorga, donde Valdeviejas, Murias de Rechivaldo, Castrillo de los Polvazares y Santa Catalina de Somoza tampoco recurren al ayuntamiento de la bimilenaria para su gestión administrativa.

En líneas generales, los ayuntamientos esgrimen la alta carga de trabajo de sus secretarios municipales y, por tanto, la incapacidad de asumir las juntas vecinales, especialmente si se requiere la presencia del habilitado nacional en concejos y reuniones para dar fe de los acuerdos alcanzados. A falta de que el ministerio responda a las cuestiones planteadas la incertidumbre se mantiene en las administraciones más pegadas al ciudadano, pendiente de cambios que romperán sus rutinas de trabajo.