La huelga de basuras comienza este miércoles en toda la provincia

"No es complicado de entender: la huelga va a durar hasta que firmen nuestro convenio laboral". Así de claro y contundente, como en él suele ser habitual, se muestra el presidente del comité de empresa del centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos (CTR) situado en San Román de la Vega, un centro gestionado por la unión temporal de empresas FCC y Urbaser y que depende del consorcio provincial Gersul, del que forman parte todos los ayuntamientos de la provincia pero en el que la mayor responsabilidad en cuanto a la gestión y los órganos de gobierno es de la Diputación Provincial. De este modo, son el propio presidente de la institución, Eduardo Morán, y el diputado, presidente de Gersul y alcalde de La Robla, Santiago Dorado, los únicos que tienen en su mano terminar con un conflicto que arranca a las 7:00 horas de este miércoles y que previsiblemente se puede convertir en indefinido, ya que los trabajadores en principio han convocado hasta el próximo 7 de enero pero ya adelantan que si no hay ningún tipo de movimiento los paros se prolongarán.

De este modo, lo previsible es que esta mañana, al comenzar los paros de los trabajadores del tratamiento de residuos, los camiones puedan recoger la basura con normalidad en las ciudades y pueblos de toda la provincia, pero se encontrarán las plantas de transferencia cerradas (se han establecido unos servicios mínimos del 25 %, lo que supone que trabajarán en torno a 40 personas) por lo que el primer día podrán vaciar en los grandes contenedores y ya no podrán volver a hacerlo. La previsión es que el viernes comiencen a verse contenedores por las ciudades y pocos días después la escena se repita en los pueblos de toda la provincia. La fecha de Navidad, en la que se dispara el consumo y, por tanto, aumentan también los residuos, corre a favor de los trabajadores.

Hay que recordar que el motivo del conflicto es que los trabajadores exigen la actualización de su convenio, como se les prometió en su día y como llegó a aprobar la asamblea de Gersul, actualización que pasa por una subida del 10 % de sus salarios, como ya ocurriera con los de otros trabajadores públicos.

Diputación, Urbaser y FCC se reparten las culpas de los incumplimientos que han provocado esta huelga, y las declaraciones de algunos de sus responsables, como fue el caso de Morán al afirman que los trabajadores estaban «favoreciendo a sus empresas y perjudicando a sus vecinos», no han hecho más que enturbiar un conflicto que ya huele mal de por sí.