La investigación sobre el contrato del agua de San Andrés vuelve a León

La Audiencia Nacional cree que no existen razones para que Madrid lleve el caso de la posible conexión con la operación Pokemon

Sergio Jorge
15/12/2017
 Actualizado a 14/09/2019
La alcaldesa de San Andrés, María Eugenia Gancedo. | MAURICIO PEÑA
La alcaldesa de San Andrés, María Eugenia Gancedo. | MAURICIO PEÑA
El Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid ha rechazado la inhibición planteada por el de Instrucción número 5 de León ante la Audiencia Nacional para que se investigue una posible conexión del contrato del suministro del agua firmado en el año 2010 por la actual alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, María Eugenia Gancedo. Esta decisión, firmada por la magistrada Carmen Lamela (conocida por ser la jueza responsable del proceso independentista catalán o del caso de la agresión a dos guardias civiles en Alsasua), supone que el proceso vuelve a la capital leonesa y por tanto será el titular del Juzgado que inició la investigación el que tenga que seguir con un proceso que ya ha supuesto que tanto Gancedo como otras tres exconcejalas del PSOE hayan tenido que declarar en calidad de investigadas.

El auto emitido por Lamela el pasado 24 de noviembre considera que el presunto delito de prevaricación de la regidora socialista no es competencia del Juzgado de Madrid. Pero esta decisión judicial no es óbice para que la investigación continúe en León. De hecho, el próximo mes de enero está previsto que haya nuevas pruebas testificales tanto de una de las ediles imputadas como de otros testigos del caso.

Hay que recordar que estos hechos se remontan a 2010, cuando Gancedo firmó una ampliación del contrato del suministro de agua de 15 años más (de 2031 a 2046) a cambio de que el Ayuntamiento recibiera dos millones por parte de la empresa concesionaria y se condonara una deuda de otros dos millones. Una decisión que tenía los reparos de Intervención y que contó con varias irregularidades, como las dos juntas de gobierno denunciadas por la Junta y que fueron anuladas por el TSJCyL. El asunto fue llevado ante la Fiscalía por IU y siguió su curso después de que el fiscal considerara que había indicios de delito y elevara el caso ante el juez.
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