La Junta asegura que se abre un escenario "incierto" sobre las 35 horas

Sostiene que con el envío de su última propuesta a los sindicatos se ha acreditado su compromiso de implantar en 2020 esta jornada

L.N.C.
05/11/2019
 Actualizado a 05/11/2019
Reunión este lunes entre la Junta y los sindicatos para abordar la aplicación de las 35 horas. | ICAL
Reunión este lunes entre la Junta y los sindicatos para abordar la aplicación de las 35 horas. | ICAL
La Junta de Castilla y León ha insistido en que ha demostrado su compromiso para implantar la jornada de 35 horas y ha sido "flexible", aunque el rechazo a su propuesta por parte de los sindicatos abre ahora un escenario "incierto" sobre su aplicación y cuándo podrá hacerse efectiva.

El Ejecutivo autonómico, en un comunicado recogido por Europa Press, ha señalado que este martes, con el envío de su última propuesta a los sindicatos, se ha acreditado su compromiso de implantar en 2020 la jornada ordinaria de 35 horas el 31 de marzo de 2020 "en condiciones de equidad para todos los empleados públicos y concretando su aplicación práctica a través de las mesas técnicas de cada sector", algo que han rechazado los sindicatos.

"La imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre la fecha exacta deja ahora un escenario incierto sobre su aplicación pero no impedirá continuar con los análisis técnicos y el estudio oportuno sobre cuando poder aplicar dicha medida en todo el ámbito de la Administración Pública", ha añadido la Junta.

En este contexto, ha explicado que, tras la sexta reunión mantenida este lunes, la Junta ha cumplido "el compromiso de establecer las bases de un acuerdo" para la aplicación de la jornada ordinaria de 35 horas, consistente en su entrada en funcionamiento el próximo 31 de marzo de 2020 y derivando la concreción de los términos precisos de la aplicación por sectores a mesas técnicas que se constituyeran a tal fin.

Con esa propuesta de acuerdo, considera que ha vuelto a ofrecer "nuevas muestras de flexibilidad" en su posición, lo cual ha supuesto un "nuevo acercamiento" de la Administración que en anteriores momentos había puesto sobre la mesa inicialmente la fecha del 1 de diciembre de 2020 y posteriormente la de 1 de junio de 2020.

Límites para su implantación

Esta fecha propuesta por escrito se hace como "límite" al cumplimiento de los requisitos que marcan el modo de actuar de la Junta en este tema, concretamente la garantía de cobertura presupuestaria de la medida, compromiso de adecuada organización, actividad y calidad de los servicios públicos y equidad en la aplicación para todos los sectores. Asimismo, se aseguraba la sostenibilidad en el tiempo de la aplicación de la medida, según la Junta.

La Junta ha lamentado que "el único escollo que no se haya podido salvar" sea el de la fecha efectiva de aplicación, "a pesar de todos los esfuerzos realizados", y ha manifestado su "pesar" por la "inamovilidad" de la fecha planteada por las organizaciones sindicales.

No obstante, ha agregado que mantiene su compromiso y por ello seguirá trabajando en su tramitación, "aunque ya sin un escenario cierto para su implantación en cuanto a la forma y la fecha de la misma".

Asimismo, ha recordado que son "numerosas" las cuestiones en las que se continuará trabajando con los representantes sindicales en diversas materias que afectan a los empleados públicos de la Comunidad.
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