Esta nueva orden de pagos compensatorios, consensuada con la organizaciones profesionales agrarias, se pone en marcha después de que en el último año los ataques de lobos en la Comunidad hayan crecido un 19%, con un total de 5.083 cabezas muertas. Además, el propio consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que calificó los daños de "insostenibles", advirtió que los crecimientos en las provincias de Palencia, Burgos y Soria están por encima del 30 por ciento.
Por provincias, Ávila se situó el pasado año en cabeza con 1.632 ataques, por delante de Zamora (1.131), Segovia (989) y Salamanca (419). En la provincia leonesa fueron 211 el número de agresiones, que provocaron la muerte de 295 animales.Desde 2015, los ataques se han duplicado en la Comunidad, pasando de los 1.463, con 2.769 cabezas muertas, a los 3.037 del pasado año.
Además, Suárez-Quiñones explicó que al norte del Duero, donde hasta ahora la Junta no tenía establecido ningún tipo de indemnización y la responsabilidad de los ataques correspondía a los titulares de los cotos de caza, el pago compensatorio se establecerá con carácter retroactivo a 21 de septiembre de 2021, fecha en la que entró en vigor la orden del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico por la que todas las poblaciones de lobo existentes en España se incluyeron en el Listado de Especies en Régimen de Especial Protección, algo que provocó en Castilla y León que el lobo dejara de ser especie cinegética al norte del Duero, y que se prohibieran los controles poblacionales al sur.
El consejero, que explicó que con la nueva orden y el mismo régimen de pagos en toda la Comunidad, el desembolso para las arcas autonómicas pasará de 2,5 millones de euros anuales a más de cinco millones, también recalcó que con esta medida la Junta vuelve a demostrar su compromiso con la ganadería extensiva.
Población en expansión
A su vez, el consejero recalcó que su departamento continuará luchando para derogar una medida que "ha supuesto un ataque a la ganadería y al mundo rural". En este sentido, indicó que la decisión del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográficosolo responde a razones ideológicas y no a criterios conservacionistas, dado que la población de lobos en la Comunidad está en "expansión permanente y continuada". Además, y a la espera de conocer los datos de un censo que se está elaborando y que será remitido a Bruselas para demostrar ante la UE que el Gobierno español falseó los datos de poblaciones de lobo cuando adoptó esta media, Suárez-Quiñones indicó que si en los años ochenta la población de cánidos en Castilla y León podría rondar los 400 ejemplares, ahora se situará alrededor de 2.000.Al mismo tiempo, también indicó que junto con el recurso presentado de forma conjunta con las comunidades de Galicia, Cantabria y Asturias en el Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, desde la Junta también se continuará trabajando la UE para lograr un cambio de normativa, después de que el Parlamento Europeo y la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mostraran su preocupación por los daños que causan en la UE los grandes carnívoros.
Por último, Suárez-Quiñones destacó la importancia de la ganadería extensiva en la prevención de incendios, a la vez que acusó al Gobierno de caer en una contradicción al provocar una presión "insostenible" sobre la ganadería extensiva al prohibir el control poblacional sobre el lobo y, al mismo tiempo, destacar las necesidad de promover la ganadería extensiva como mejor herramienta para un mejor uso de las masas forestales.