La Junta exigirá sellar las fugas de la Variante y el bombeo de agua para paliar las pérdidas

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) pidió este martes a la Junta de Castilla y León que exija el sellado de las fracturas de la Variante de Pajares que provocan filtraciones de agua hacia Asturias desde la Montaña Leonesa "gobierne quien gobierne" en La Moncloa, tras años en los que el Ejecutivo autonómico "no ha hecho nada".

Así lo expresó el procurador de la formación leonesista, José Ramón García Fernández, tras preguntar al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por los requerimientos realizados al Gobierno central para acabar con dichas filtraciones.

Y es que, desde la perforación realizada para la construcción de los dos macrotúneles que unen Asturias con León, en el año 2009, se han producido pérdidas de agua subterránea "de entre un 15 y un cien por cien" y, en el pasado año hidrológico, escapes de "319 litros por segundo, siendo gran parte caudal del Duero".

"Sabemos que es responsabilidad de los Gobiernos centrales, pero la Junta es el garante de los derechos de todos los castellanos y leoneses", recordó García Fernández, para quien el Gobierno autonómico ha estado "como observador, más que como vigilante", dado que fue finalmente la Asociación de Colegios Profesionales de León "la que reclamó revertir el trasvase de agua de León a Asturias por la Variante de Pajares".

Por ello, pidió a la Junta que sea "exigente con el Gobierno central, gobierne quien gobierne", ante lo que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, respondió que "han hecho muchas cosas" desde su Consejería pero dentro de "las competencias en el marco de la modificación de la Declaración de Impacto Ambiental que se ha producido".

Entre ellas, mencionó que, frente al "trasvase literal sin autorización" que se ha producido de la cuenca del Duero a la del Cantábrico por las filtraciones de la Variante de Pajares, se plantearon "medidas" en las alegaciones a la DIA en el año 2017, así como un estudio de diagnóstico para analizar "el impacto producido" y las posibles "medidas compensatorias", que se envió al Ministerio y que ha derivado en la modificación de la DIA "con medidas y condiciones para que no haya un impacto negativo en las aguas, la biodiversidad, la población y los bienes".

"Esa modificación tiene que ser en coordinación entre la Junta y la CHD", concretó, por lo que, en ese marco, se comprometió a exigir al Gobierno de España "el sellado de todas las fracturas y fugas que lleven agua a la cuenca del Cantábrico", así como el bombeo de agua que "sea necesario para revertir" esas pérdidas.