Una vez aprobado el Plan Estratégico de la Política Agraria Común para España (PEPAC) por la Comisión Europea a finales de agosto, la Junta destacó que Castilla y León ha sido la primera comunidad en regular las ayudas agroambientales y a la agricultura ecológica, con objeto de poder ponerlas en marcha en el primer año del nuevo período de programación, esto es, en 2023.
Las medidas agroambientales consisten en suscribir, de manera voluntaria, compromisos relacionados con prácticas agrarias medioambientalmente sostenibles. Para ello, tras una convocatoria de solicitud de incorporación, se formaliza un contrato plurianual de, al menos, cinco años de duración, de forma que durante cada anualidad deberán solicitar el pago a través de la Solicitud Única de ayudas PAC.
El proyecto de orden que regulará estas medidas, durante los cinco años del periodo 2023-2027, estará respaldado con un importe de más de 210 millones de euros, destinados a retribuir todas estas prácticas positivas para el medio ambiente.
Castilla y León, atendiendo al enfoque estratégico del Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC), va a poner en marcha diferentes medidas agroambientales orientadas a cultivos sostenibles, a la gestión sostenible de pastos, a la protección de la avifauna, a la apicultura favorecedora de la biodiversidad, al mantenimiento de paisajes tradicionales y cultivos minoritarios, a la conservación de recursos genéticos y también a la agricultura ecológica, así como una medida novedosa para la sustitución de parte del abonado químico por abono orgánico.
La mayor parte de ellas suponen una continuidad del marco anterior, en atención a la aceptación y a la buena acogida y resultado obtenido en la protección del medio ambiente; y otras, resultan novedosas como la medida de cultivos minoritarios para atender las nuevas iniciativas que surgen de implantación de cultivos aromáticos, frutos de cáscara o encina trufera, o el impulso al empleo de abono orgánico en sustitución de la fertilización mineral.
Además, existe una apuesta firme por fortalecer y aumentar de manera significativa la superficie de agricultura ecológica; para ello, se ha dotado a esta medida de un importe de más de 70 millones de euros para el periodo 2023-2027 y se han incrementado las primas más de un 20 por ciento respecto al marco anterior.
Condiciones
El texto de la orden reguladora de estas medidas detalla el procedimiento de incorporación a estas ayudas, además, recoge las condiciones de admisibilidad, los requisitos y los compromisos que deben cumplir los titulares para poder percibir los importes correspondientes.
Estas medidas agroambientales, en el nuevo periodo 2023-2027, requieren de compromisos más exigentes que las normas de la condicionalidad reforzada, las condiciones de los ecorregímenes y las normas obligatorias de fertilización y fitosanitarios, para así poder percibir los importes que corresponde a cada medida agroambiental.
Entre ellas, se encuentra el caso de la medida agroambiental de aprovechamiento de superficies forrajeras y pastos por el ganado que, como se trata de una medida de prácticas de extensificación de la ganadería, han sido muy pocas las comunidades autónomas que la han programado en el nuevo marco comunitario. De esta forma, se trata de una de las pocas medidas agroambientales que ha visto reducida de manera drástica su programación territorial en el conjunto de España en comparación con el periodo anterior, debido principalmente a la colisión con los compromisos del ecorrégimen de pastos.
Aun así, Castilla y León ha optado por incluir esta medida en el PEPAC con una orientación hacia prácticas más exigentes, lo cual requiere que los ganaderos las puedan llevar a cabo en parcelas de su explotación, sin que exista una utilización en común con otros ganaderos. Esto no implica a priori la exclusión de parcelas adjudicadas por juntas vecinales o ayuntamientos, ni de parcelas de titularidad pública, ni similares; el requisito supone que la parcela debe ser gestionada y aprovechada por el titular del contrato agroambiental y su ganadería, para así poder cumplir los compromisos durante los cinco años de duración del contrato.
Tras la publicación de esta normativa de regulación, el proceso tendrá continuidad con la inminente convocatoria del procedimiento de incorporación para todas aquellas intervenciones previstas.