PP, PSOE y Ciudadanos han votado a favor de la suspensión. Podemos se ha posicionado en contra de esta decisión y ha pedido «más tiempo» para resolver. La Mesa del Congreso la integran tres miembros del PSOE, dos de Podemos, dos de PP y dos de Ciudadanos.
El informe de los servicios jurídicos de la cámara remitido a la mesa avalaba la «suspensión automática» de los cuatro diputados: Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull.
El escrito apuntaba a la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 384 bis). Este artículo, que los servicios jurídicos consideran de aplicación inmediata, es muy claro al respecto: «Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión».
PP y Ciudadanos defendían este jueves que también era de aplicación el propio Reglamento del Congreso de los Diputados que en su artículo 21.1.2 expresa lo siguiente respecto a la suspensión: «Cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure esta».
Los servicios jurídicos de la Cámara, en su escrito, descartan aplicar el artículo 21 del reglamento del Congreso porque no concurre «la totalidad de los elementos requeridos». El precepto plantea la petición de suplicatorio, y ese factor no se da y el Supremo ha dejado claro que no lo va a pedir.
El Supremo ya manifestó que el suplicatorio no era pertinente en este momento del proceso judicial. Los letrados han optado por el 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya que la literalidad del Reglamento del Congreso incluye lo relativo al suplicatorio.
En el escrito, los letrados apuntan que la Mesa del Congreso debe proceder a la suspensión de los presos aunque el Supremo no se lo haya «comunicado», dado que es de sobra conocida la situación de prisión preventiva de los diputados en cuestión por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación, y el 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal alude expresamente a los «rebeldes».
El informe recoge la doctrina sentada ya por el Supremo y por el Tribunal Constitucional y no deja lugar a la interpretación: «Corresponde a la Mesa del Congreso declarar automáticamente suspendidos en el ejercicio de sus derechos» a Junqueras, Sànchez, Turull y Rull. Los abogados de la Cámara concluyen que esta suspensión ha de prolongarse mientras dure su situación de prisión dando «plena efectividad a la previsión legal».
Además, los letrados no se limitan a indicar que la Mesa debe suspender a los presos, sino que ahondan en los efectos que esta tendrá en el funcionamiento cotidiano del Parlamento. En la práctica, el Congreso tendrá cuatro diputados menos por lo que la Mesa deberá determinar el número de miembros de derecho en la Cámara Baja, en cuánto se fija la mayoría absoluta, cómo será la composición de los distintos órganos parlamentarios —comisiones, subcomisiones...— y la fijación del cupo de preguntas al Gobierno, proposiciones de ley, no de ley, y demás iniciativas.
Decisión aplazada
El juez Manuel Marchena dejó este jueves claro que la decisión de suspender a los presos del «procés» diputados le corresponde al Congreso y calificó de «inviable» elaborar el informe que le pidió la recién nombrada presidenta del Congreso, Meritxell Batet.Pero, a pesar de conocer la posición del Alto Tribunal, Batet volvió este jueves a ganar tiempo, solicitó un informe a los letrados del Congreso y aplazó la decisión a hoy.
En la reunión de ayer, que duró más de tres horas, la presidenta del Congreso rechazó gracias a la mayoría que PSOE y Unidas Podemos que se resolviese la cuestión ayer mismo, como pedían PP y Ciudadanos.
Batet defendió que esta no puede ser una decisión «ni discrecional, ni política», y justificó su decisión «entendiendo que no había suficiente seguridad jurídica» porque «ante cualquier duda por pequeña que sea lo mejor es ofrecer todas las garantías».
Desautorizada por el Supremo y asediada por la oposición, que apuntó ya ayer a una posible prevaricación, Batet defendió que no quiere dilatar el proceso y que por eso ha convocado hoy a la Mesa.
Fuentes parlamentarias de la oposición han celebrado el informe de los letrados y apuntan que viene a corroborar la tesis que defendieron ayer PP y Cs en la Mesa del Congreso: que la suspensión debía ser «inmediata». La propia Ana Pastor, ahora vicepresidenta tercera de la Mesa, ya sostuvo tras la reunión de ayer que el informe era a todas luces innecesario porque la ley es «clarísima».