La Policía advirtió del riesgo de fugas

El empresario José Luis Ulibarri, en prisión provisional por la trama de amaño de contratos destapada en la Operación Enredadera, estuvo en el punto de mira de los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) del Cuerpo de Policía Nacional desde que su nombre apareciera en las conversaciones entre los hermanos Bueno Regodón, propietarios de Aplicaciones Gespol SL, y el empresario también encarcelado Ángel Luis García, alias ‘el patatero’. El empresario burgalés, inmerso también en la Gürtel, controla un importante conglomerado de empresas y sus negocios llegan a otros territorios como Colombia.

El magnate cuenta con domicilios en León, Valladolid o Madrid y se mueve habitualmente a otros puntos de la propia comunidad y de otras, como el Principado de Asturias El magnate cuenta con domicilios en León, Valladolid o Madrid y se mueve habitualmente a otros puntos de la propia comunidad y de otras, como el Principado de Asturias. Ulibarri cuenta con ingentes medios económicos y operativos, a los que se suman su capacidad para influir en las autoridades políticas y para obtener información privilegiada. Todo ello ha sido constatando en los diferentes oficios remitidos por los investigadores al juez, en los que también se alerta "del riesgo de fuga y el peligro de destrucción de pruebas", como también publicaba este jueves el Norte de Castilla.

En este sentido, cabe recordar que Ulibarri se encuentra actualmente en la prisión catalana de Brians 1, sin que el juez determinara fianza alguna para su ingreso en la penitenciaría, lo que puede llevar a concluir que las advertencias de la Policía podían haber convencido al magistrado que instruye la causa.

La desaparición de Ulibarri o la destrucción de pruebas hubiera complicado el desarrollo de las investigaciones que llevaron a registrar hasta cinco ayuntamientos de la provincia el pasado 3 de julio en busca de documentación sobre contratos de las empresas de la trama, repartidas entre las del magnate burgalés y el empresario maragato, además de Gespol SL.

Sin embargo, la actuación policial se produjo en gran medida en los términos previstos por la autoridad judicial que durante meses había estado registrando las conversaciones de los investigados y vigilando sus actividad. Además, las empresas e instituciones vinculadas a la trama fueron investigadas con un doble fin: determinar el modus operandi de los investigados y recabar pruebas para demostrar los posibles delitos. La documentación encontrada en diversos formatos, junto con testimonios ya recogidos, obra en manos del juez, que la cotejará con las declaraciones futuras a las que no faltará ningún investigado.