Jairo Díez González, policía local de León (UGT) fue el encargado de explicar el proceso que ha precedido a esta protesta. En abril de 2017, recordó, anunciaron en rueda de prensa que su histórica reivindicación llegaba a su fin. El Gobierno reconocía entonces que las policías locales eran un colectivo de riesgo y que podían acogerse a esta forma de jubilación, al igual que las autonómicas o los bomberos. En junio les pasaron el borrador del Real Decreto, al que presentaron alegaciones, y ya en octubre, subrayó, la secretaría de Estado de Seguridad Social hizo su informe favorable y solicitó al Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, que elaborara un informe como paso previo a su traslado al Consejo de Estado y a su posterior aprobación en el Consejo de Ministros. La tramitación se frenó en uno de estos últimos pasos y los agentes llevan ya varios meses esperando el documento que tendría que firmar Montoro y del que todavía no saben nada. «Es inexplicable e injustificable esta demora», señaló Díez.
En febrero, cuando iban a iniciar una serie de protestas, mantuvieron una reunión «de urgencia» con el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, en la que les pidió que echaran el freno, que «en quince o veinte días iba a estar el Real Decreto en marcha». Desde entonces, Jairo Díez asegura que no tienen noticias. Los policías locales paralizaron una concentración prevista para el 20 de febrero, pero el Gobierno no cumplió su parte, por lo que han decidido fijar un nuevo calendario de movilizaciones que arrancará hoy –después de la concentración se leerá un manifiesto– y que tendrá continuidad los días 6 y 20 de abril.
«No nos han dado ninguna explicación sobre esta demora y estamos ya cansados. Tienen que darnos una respuesta a los 70.000 policías que llevamos reclamando esto desde hace ya más de diez años y que ya tenemos ganas de que finalice», advirtió Díez.
Cinco años antes
Por cada año trabajado se les aplicaría una sobrecotización, de modo que un policía que lleve diez años de profesión podría adelantar su jubilación dos años, al igual que ocurre en el caso de los bomberos, de la Policía autonómica o del resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En total, la jubilación de estos agentes se podría adelantar en cinco años, ya que existe el condicionante de que para poder solicitarla, siempre de forma voluntaria, es necesario contar con 35 años cotizados. Díez insistió en que se trata de una medida que demostrará ser muy positiva porque conllevará «un rejuvenecimiento de las plantillas, creación de empleo y una mayor seguridad».