En concreto, Amilivia presentó en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes el informe “análisis de la situación económico-financiera de la universidad de León” y de sus entes dependientes, en el que se recogen 26 conclusiones y cinco recomendaciones, que no han recibido ninguna alegación ni de la entidad académica ni de la Junta y se han tomado en consideración. “Ha sido receptiva”, resumió.
La Universidad de León, que contaba en el curso 2019/2020 con 45 grados o dobles grados, 34 títulos de máster y una amplia oferta en doctorandos y títulos propios, debe, según las recomendaciones, contar con un órgano de control interno y aprobar las cuentas anuales en fecha, sin acudir a las prórrogas
Además, recomienda también la ejecución del presupuesto o la conveniencia de que tanto la ULE como su Fundación corrijan su excesiva liquidez, establecer fórmulas para utilizar “el importante” excedente de tesorería a fin de mejorar la rentabilidad, “entendida esta no exclusivamente en términos financieros sino también en términos de potencial servicio o beneficio de la colectividad”.
Amilivia y los portavoces de los grupos destacaron que la ULE haya recogido las recomendaciones del Consejo de Cuentas, aunque su presidente añadió que el conjunto de los datos económicos financieros es positivo pese a que hasta ahora no haya aprobado su presupuesto en “tiempo y forma”.
El presidente del Consejo de Cuentas manifestó que “tiene buena salud” dado que su supéravit” es superior a los 34 millones de euros y valoró, aunque no está en el informe, la reducción de tasas en un cinco y en un 20 por ciento, pero Javier Campos (PSOE) y José Ramón García (UPL) estimaron que “hay margen” para una mayor distribución y que sean “más competitivas”.
Según el informe, la ejecución presupuestaria presentó una ligera tendencia creciente, situándose 3 años en torno al 85 por ciento y alcanzando en 2018 su valor más alto, el 88,53 por ciento, demostrándose rigor en la previsión de ingresos, destacó Amilivia. En lo referente al total de obligaciones reconocidas netas en 2019, fueron de 89,15 millones de euros, se incrementó el 4,18 por ciento con respecto al año anterior y el 7,90 por ciento sobre 2016.
Por su parte, los gastos en inversión que representan una media del 14 por ciento se incrementaron un 52,33 por ciento en el periodo, y los gastos por pasivos financieros disminuyeron un 46,9 por ciento, aunque en 2019 aumentaron por la decisión de cancelar en ese año la totalidad de la deuda mantenida con entidades de crédito. La ejecución presupuestaria de los gastos presenta una media del 83 por ciento en el periodo.
Con relación al análisis del balance, el total del activo y pasivo de la ULE entre 2016 y 2019 se incrementó un 4,54 por ciento, pasando de 188,74 millones de a 197,31 millones de euros. A lo largo del periodo objeto de la auditoría la financiación propia significó una media del 24 por ciento de los recursos. Su importe, 18,94 millones de euros en 2019, ha tenido una tendencia decreciente con una disminución en los 4 años del 20,35 por ciento.
Caída de alumnos
José Ramón García (UPL-Soria) recordó que las universidades públicas de Castilla y León son “más caras y muchos alumnos” deciden estudiar en otros centros y pidió que se analice por la Junta. Con respecto al informe, incidió en que los ingresos han caído por reducirse el número de alumnos en unos 2.000 en el periodo analizado, destacó la disminución de la deuda y valoró que la ULE haya recogido las cinco recomendaciones.
Javier Teira (Vox) destacó que la ejecución sea de un 85 por ciento de media en el periodo y se detuvo en el superávit aunque se ha ido reduciendo y concluyó que la solvencia de la ULE “es manifiesta”.
Javier Campos (PSOE), que calificó de “calidad y rigor” este informe, expresó la preocupación por la pérdida de alumnos en un 13 por ciento en cuatro cursos y de la caída de títulos propios, lamentó que la matricula en la ULE no se haya recuperado y alguien “se esté beneficiando de esta fuga de estudiantes, o bien la privada o universidades de otras comunidades”.
“Bien es sabido que defendemos la bajada de los precios de las matrículas y la Junta se ha visto obligada a moderar los precios en la actualidad, aunque es insuficiente”, argumentó el socialista, que coincidió con las recomendaciones, como las de tener presupuesto en fecha o reforzar el control interno, y lamentó que desde 2003 no se haya desarrollado una normativa de suficiencia financiera.
Ricardo Gavilanes (PP), que reseñó “el trabajo exhaustivo y riguroso” del informe, destacó la importancia de la ULE en el ámbito académico nacional por su oferta formativa, subrayó la bajada de las tasas universitarias en un 8 por ciento y calificó de “acertadas” las recomendaciones, como la relativa a aumentar la ejecución de las universidades reales.
En su respuesta a los grupos, el presidente del Consejo de Cuentas expresó su percepción de que se ha parado la caída de alumnos y, aunque la financiación no es objeto de este informe, reconoció que no se cumplen los tres principios acordados en 2003, si bien valoró las aportaciones de la Junta.