La tramitación de las tasas a las eléctricas rebaja el optimismo

La compleja tramitación del proceso por el que las juntas vecinales por las que discurren líneas de alta tensión o gasoductos podrían llegar a cobrar una tasa anual a los titulares de las instalaciones ha rebajado el optimismo inicial de las pedanías, que veían una posible fuente constante de ingresos que aliviase sus necesitadas economías. A pesar de que en ningún momento se ocultó la complejidad del procedimiento, en un primer momento las juntas vecinales respondieron con un gran interés en las reuniones informativas.

Sin embargo, hasta la fecha solo Brañuelas-Villagatón y Santa Colomba de Somoza han sido capaces de sacar adelante la ordenanza que regula el cobro de las tasas a las compañías.

Una de las principales cuestiones que está ralentizando la tramitación de los expedientes radica en que solo existe una única consultora reconocida para la emisión de los complejos informes técnicos en los que se basa el resto de la tramitación. Según las fuentes consultadas, la leonesa Valbuena y Ron es el único despacho homologado y atiende solicitudes de toda España con un alto volumen de trabajo que frena el ritmo de la tramitación.

Los alcaldes-pedáneos se refieren a las dificultades que pueden ocasionar los altos costes del procesoPor otra parte, los costes de todo el proceso también son muy elevados. Fuentes especializadas explican que las juntas vecinales podrían llegar a adelantar hasta 15.000 euros antes de ver aprobadas las ordenanzas. Los costes de los estudios técnicos, las tasas, el asesoramiento y las reservas exigen disponer de unos fondos con los que no cuentan buena parte de las pedanías.

Como consecuencia de ello en muchas juntas vecinales se están planteando desistir de esta opción ante los esfuerzos iniciales que supone. Por otra parte, las elecciones del 2019 son otro punto que deben valorar muchos pedáneos en la provincia. Algunos de los presidentes de juntas vecinales apuntan las dificultades que les puede ocasionar el gasto de 15.000 euros antes de unos comicios sin contar con garantías de que vayan a tener un retorno, al menos a corto o medio plazo. En esta situación, los pedáneos se encuentran ante la difícil decisión de iniciar el proceso o dejar pasar la oportunidad y continuar como hasta la fecha, puesto que en muchos casos las sumas a ingresar no superan los 2.000 o 3.000 euros.

Además, con toda seguridad las compañías presentarán alegaciones a las ordenanzas y recurrirán hasta las últimas instancias para evitar los pagos. Las potentes estructuras jurídicas con las que cuenta les facilita la labor en la ‘batalla’ que cada pedanía tiene que librar de forma casi individual dadas las peculiaridades de cada una de ellas, según apuntan fuentes especializadas.

A todo ello se suma la necesidad de contar con los mecanismos para cobrar la tasa y poder girar los recibos cumpliendo con la normativa existente. En este punto, distintas asociaciones y organizaciones políticas se han puesto a disposición de las pedanías para asesorar y ayudar con la implementación de las estructura necesaria.
La Diputación, a través del Servicio de Asesoramiento a Municipios (SAM), también apoya a las juntas vecinales en este proceso. Actualmente se encuentran todavía en fase de consultas con los interesados a la espera de una reunión en la que se concrete de una forma más clara los pasos a seguir y hasta dónde están dispuestos a llegar los que finalmente se decidan.

Por el momento, las expectativas se han rebajado, aunque queda mucho camino por recorrer hasta que las juntas vecinales lleguen a contar con una fuente de recursos estable que contribuyamantener vivos los pueblos.