La ubicación, eje de la defensa contra los macroparques eólicos

La Plataforma por el Futuro de la Montaña Central de Leonesa continúa su lucha en contra de los macroparques eólicos que se quieren instalar en la comarca. Por ello, este sábado celebraron un acto en la explanada de los Pendones Leoneses, en León, para informar de la contratación del bufete Ecourban con el abogado leonés Carlos González-Antón al frente para defender jurídicamente este proceso.

La presidenta de la Plataforma, Esther Domínguez, anunciaba esta contratación de los servicios legales, y señalaba que «creo que tenemos ya los apoyos suficientes de todas las asociaciones y entidades que nos están apoyando, y tenemos toda esta fuerza jurídica y económica por parte de muchas asociaciones y social, que al final es la base de todo este movimiento, que ha surgido a partir de lo social, de los vecinos y vecinas, de las juntas vecinales que estamos afectadas por esta situación». Asimismo, indicaba que «esperemos que no tengamos que llegar nunca al Tribunal Superior de Justicia y que todos tanto la Junta como el Ministerio, sean muy vigilantes con todos estos proyectos».

Carlos González-Antón agradeció a la Plataforma que hayan contado con ellos para poder aportar «lo que llevamos haciendo veinte años desde Ecourban Consultores, y yo mismo, que hemos trabajado por la defensa de los valores de la montaña de León, en concreto recordareis que fuimos los que estuvimos en el tema de la línea eléctrica de Lada-Velilla, hemos tenido peleas jurídicas en relación con cielos abiertos, con parques eólicos, y estamos especialmente contentos de trabajar en este ámbito».Sobre el asesoramiento legal de la Plataforma, se refirió a su presidenta, «una mujer que está comprometida con su pueblo» y a la gente joven que la integra, «que entendemos que lo que quieren demostrar es que en la provincia de León se pueden implantar proyectos sostenibles, como en este caso eólicos, pero hay que elegir bien las ubicaciones y hay que tener en cuenta la sensibilidad, la voluntad democrática también de las entidades locales menores, de las asociaciones, y creemos que las cosas se pueden hacer de otra forma».

Para González-Antón «los argumentos jurídicos y jurisdiccionales son los argumentos que se deben aportar o realizar en el último momento, y una cosa hay que tener clara, no debemos cometer los mismos errores que se han cometido en esta provincia, esta provincia ha remado en contra del futuro de la misma, en contra de las nuevas tendencias, y en el caso del nudo de Villameca en el cual hemos intervenido activamente, al final nos hemos tenido que sentar los recurrentes, la administración y las empresas promotoras». En este sentido, apuntó que como primera actuación «lo que vamos a hacer es exigir a las administraciones competentes, en este caso a la comunidad autónoma pero también uno de los proyectos que deben entrar en concurso es estatal, y vamos a exigir que nos convoquen a todas las partes, a los promotores por un lado y a las pedanías, asociaciones y en esta caso a la plataforma para ver cómo se debe planificar la implantación de la energía renovable en la provincia sin que haya damnificados y sin que tengamos el riesgo de tener que acabar en los tribunales». Sin embargo, matizó que tienen el encargo, la voluntad y los medios para llegar al Supremo «aunque lo más probable es que sean las empresas las que lleguen al Supremo porque hay argumentos de sobra para justificar la no implantación de este proyecto en estas zonas».

Finalmente quiso trasladar un mensaje de optimismo y de unidad, «León no puede desperdiciar megavatios de potencia, estamos sufriendo una crisis y la energía renovable es una energía que debe apoyarse, pero debe apoyarse respetando los recursos naturales, los recursos económicos y también la sensibilidad de los elementos sociales de las zonas». Así, aseguró que «hay muchos sitios donde se pueden implantar, pero no hay que esforzarse ni empecinarse en ponerlos en aquellas zonas en las cuales, primero, no se quiere, y en segundo lugar no se debe implantar». En el peor de los casos, «va a ser la decisión de un juez de que el proyecto está ubicado en un sitio malo», haciendo referencia a que en la valoración de impacto ambiental «lo que trata es ver cuál es la mejor de las alternativas, y aquí uno de los defectos es que no se han evaluado todas las alternativas, lo plantean como un elemento unilateral».