En el debate, se contrapusieron el modelo fiscal del PP, defendido en el pleno por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, y también por su socio naranja de Ciudadanos Miguel Ángel González y el de la izquierda de PSOE y Podemos, quienes criticaron que se beneficie a los ricos.
La supresión en la práctica de este tributo recibió el voto a favor de Vox, UPL y Por Ávila, 43 de los 81 procuradores, y en contra de PSOE y Podemos, a los que se unió la procuradora no adscrita, María Montero, favorable a su eliminación pero no en este momento de emergencia económica y sanitaria, en que se dejarán de recaudar 35 millones al año.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, asumió en nombre del Gobierno la presentación del texto ante el plenario, aseguró que la supresión beneficia a la sociedad en general y favorece el relevo generacional en negocios y explotaciones agrarias, y anunció que no será la única bajada de impuestos porque se avanzará en la fiscalidad rural.
La supresión en la práctica de este tributo, una vez publicado en el Bocyl, motivó un encendido debate entre la socialista Rosa Rubio y el popular Raúl de la Hoz. Para la primera, el modelo de los socios de Gobierno es beneficiar a los ricos en detrimento de los servicios públicos, mientras que el segundo acusó a “la izquierda radical” de querer que Castilla y León tenga la tributación más alta en sucesiones y donaciones.
En la defensa de cinco enmiendas vivas al pleno, la socialista Rosa Rubio, que dudó que llegue a 15.000 personas, defendió un modelo fiscal progresivo, insistió en que el texto remitido a las Cortes solo beneficia a los más ricos y censuró que el PPCyL apoya lo que ocurre en Madrid, donde se refirió a una supuesta simulación del marido de Esperanza Aguirre en el impuesto de donaciones, alusión afeada desde la bancada 'popular'.
Rubio acusó a la Junta de mentir por decir que beneficia a transmisiones de empresas, explotaciones agrarias o la extensión a parejas de hecho cuando eso ya existe y enumeró algunos casos con un gravamen cero, dado que en Castilla y León están exentos de este impuesto las herencias individuales de 400.000 euros.
Día histórico
“Hoy es un día histórico para Castilla y León porque el injusto impuesto de sucesiones y donaciones pasará a la historia”. “Hoy por tercera vez, se vence al sanchismo y a lo peor de él”, afirmó Raúl de la Hoz, donde citó la moción de censura, la sentencia que obliga a pagar el IVA pendiente de 2017 y la supresión de este impuesto.
De la Hoz manifestó que, de haber triunfado la moción de censura, habría una subida de impuestos en Castilla y León, recordó su pacto fiscal con los sindicatos y agradeció “la sinceridad” del PSOE por querer que los ciudadanos de esta Comunidad sean los que más paguen por sucesiones y donaciones.
Acusó a los socialistas de Castilla y León, frente a sus homólogos de otras comunidades, de ser los únicos “sanchistas obstinados en convertir a este país en un infierno fiscal” y defendió que “somos” la primera comunidad en servicios sociales y de las primeras en sanidad con menos impuestos y un modelo moderado.
“Dos modelos completamente diferentes”, reconoció Rubio, que planteó el modelo del PP y de Fernández Mañueco como el que prometió el instituto de Villaquilambre “a cambio de la alcaldía”, que no se ha cumplido, pero sí la promesa del presidente “con sus amigos ricos”.
De la Hoz replicó que con el dinero de la devolución del IVA se financiarán los servicios públicos en Castilla y León y contrapuso a quienes de manera “humilde y responsable” defienden a los ciudadanos con “la izquierda radical y desquiciada”.
“Estoy muy orgulloso de que me califique de izquierda radical porque lucho por la justicia social”, replicó Pablo Fernández (Podemos) al explicar el sentido de su voto, donde defendió que el pacto firmado con los sindicatos prima un modelo progresivo que ganó las elecciones en Castilla y León, mientras que la propuesta de PP y Cs beneficia a un 0,2 por ciento y perjudica al 98 por ciento.
Por su parte, Miguel Ángel González (Ciudadanos) defendió la moderación fiscal de su partido, insistió en que el impuesto de sucesiones y donaciones castiga a los que fruto de su trabajo dejan una herencia a sus hijos, aseguró que son los más pobres los que no pueden heredar y recordó que arrancaron compromisos de reducción de tributos en enmiendas para aprobar las cuentas de 2017 y 2018.
En la explicación del voto, la procuradora de Vox, Fátima Pinacho, lamentó que las comunidades, tras recibir la cesión de este impuesto, hayan subido el mismo y creado desigualdades entre los territorios y advirtió de que su partido no va a parar hasta su eliminación, si bien pidió a la Junta que bonifique el impuesto con carácter retroactivo ante el aumento de fallecimientos por el covid.
Por último, también a favor de la supresión, Pedro José Pascual subrayó que Por Ávila lo llevaba en su programa electoral y consideró que puede favorecer la recuperación económica.
Compromiso
La aprobación de este proyecto de ley estaba prevista hace un año, pero la pandemia le retrasó, en un primer momento, y también el pacto para la recuperación, donde a instancia del PSOE se optó por dejarle en la recámara, si bien la Junta le reactivó tras la moción de censura socialista al estimar roto ese punto del acuerdo.
El proyecto de ley contempla tanto en la modalidad de sucesiones como de donaciones una bonificación del 99 por 100 de la cuota íntegra del impuesto en las adquisiciones efectuadas por el cónyuge, descendientes o adoptados, o ascendientes o adoptantes, lo que supone su práctica eliminación en la práctica.
En la cuota del impuesto sobre sucesiones y donaciones derivada de adquisiciones lucrativas inter vivos, se aplicará también una bonificación del 99 por 100 siempre que el adquirente sea cónyuge, descendiente o adoptado, o ascendiente o adoptante del donante
Sin embargo, se mantiene la actual reducción variable por parentesco de 400.000 euros en la base imponible para “no perjudicar” las adquisiciones de familiares directos hasta esa cuantía, pues, si se suprimiera, pasarían de no tributar a hacerlo al 1 por 100.