Un documento que muestra que la leonesa es, después de Palencia (60) y Burgos (51), la provincia en la que más sanciones se instruyeron. Pese a ser la tercera en número, en cuanto a cantidad de la ‘multa’ a pagar León baja varios puestos y se coloca en el sexto lugar. Es decir, hubo más expedientes sancionadores que en la mayoría de las provincias, pero estos fueron de cantidades inferiores. En importe destaca Valladolid, con 30 sanciones por valor de 282.000 euros; seguida de Palencia, con 60 por 223.000 euros; Burgos, con 51 por 127.000 euros; Zamora, con 18 por 73.000 euros y Salamanca, con 29 por 58.000 euros.
En la comunidad, en el pasado ejercicio las unidades de inspección instruyeron 475 actas, de las que el 85,47 por ciento fueron de conformidad, aceptando el contribuyente la propuesta de regularización realizada por la inspección. La media por acta con descubrimiento de deuda –según la Junta– se situó en 17.013 euros y, por conceptos, se colocaron entre los 3.778 euros de media de acta por patrimonio hasta los más de 24.000 euros de media por actas de juego.
72 actas y 2,1 millones
En León el importe de las 72 actas instruidas fue de 2.184.380 euros, de los que 1,4 millones corresponden a las que contaron con la conformidad del contribuyente y 779.550 a las que no. En este caso León destaca entre el resto de las provincias. En número fue superada por Palencia, con 85 actas, pero en cuanto a dinero, la leonesa fue la provincia en la que el contribuyente más tuvo que abonar. Le siguen de lejos Salamanca (1,7 millones) y Palencia (1,1 millones), mientras que el resto no alcanzó el millón, encontrándose a la cola Soria, con 196.250 euros y Segovia, con 196.950 euros.
En cuanto a los expedientes sancionadores, en Castilla y León en el año 2015 se abrieron 279, siendo la sanción media de 3.226 euros. Por conceptos, el 50,5 por ciento correspondieron a sucesiones y donaciones –141 expedientes y 423.000 euros–; el 31,9 por ciento a patrimonio –89 expedientes y 97.000 euros–; y el 16,5 por ciento a transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados –46 expedientes y 322.000 euros–; mientras que por tasa de juego se instruyeron tres expedientes por 58.000 euros.