Las juntas vecinales rechazan compartir "secretarías" con los ayuntamientos

El presidente de la Federación de Entidades Locales Menores de León, Carlos González-Antón, defendió este miércoles que «las secretarías de las juntas vecinales tienen que ser independientes de las secretarías de los ayuntamientos» en relación a las modificaciones que establece el Real Decreto 128/2018, que elimina la figura del vecino-secretario y atribuye sus funciones a un funcionario de habilitación nacional. Entre las razones esgrimidas por el representante de las juntas vecinales se alude a la «Ley de Régimen Local del año 98, que establece que tiene que haber convenios entre ayuntamientos y juntas vecinales para definir quién presta cada servicio en el municipio y cómo se financia». Según el abogado, «esos convenios son claramente un tira y afloja para consensuar los temas financieros y quién presta esos servicios». Además,desde la federación recuerdan que «hay juntas vecinales que tienen conflictos con los ayuntamientos y, obviamente, no puede ser el mismo funcionario el que atienda a dos administraciones que aunque estén condenadas a entenderse pueden tener diferencias». Ante esta situación, para dar cumplimiento al decreto, las entidades locales menores apuestan por potenciar el SAM. «Esa solución», aseguran, «vendría perfecto para este tratamiento de igualdad de las relaciones entre las dos partes».

No obstante, González-Antón reconoció la posibilidad de que las juntas vecinales contraten sus propios secretarios, aunque, por el momento, la cuestión está supeditada a la convocatoria de oposiciones. «Hay juntas vecinales que tienen capacidad financiera suficiente para tener un secretario habilitado exclusivamente para ellos», afirmó el abogado, que explicó que «ahora mismo, no pueden poner en marcha la tramitación de esa plaza, que hay que solicitarla a la Junta de Castilla y León, que es al final quien decide cuántos secretarios y cómo prestan estos servicios en la comunidad autónoma».

González-Antón realizó estas declaraciones después del encuentro que él y otros representantes de las juntas vecinales mantuvieron con el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, el vicepresidente, Francisco Castañón, y el diputado responsable del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), Alfonso Arias, para abordar los cambios a los que obliga la nueva normativa.

Tras la reunión el presidente de la Diputación recordó la misiva que la institución provincial ya ha enviado al Ministerio de Hacienda y Función Pública para solicitar una interpretación de las cuestiones dudosas del texto y solicitar una moratoria que ponga fin al «caos» en el que se encuentran algunos pueblos.

Posteriormente, en la sesión plenaria, la oposición volvió a poner la cuestión sobre la mesa durante el turno de ruegos y preguntas. Entre las solicitudes de los distintos grupos se encontraba el refuerzo del SAM, en línea, con lo manifestado por la Federación de Juntas Vecinales. Martínez Majo, no descartó reforzar el servicio, pero quiso defender su gestión enumerando los trabajadores con los que cuenta: «Un jefe de servicio, un coordinador secretario-interventor, un secretario que se ha incorporado este mes y previsiblemente se incorporará otro dentro de la RPT de este año, un arquitecto, un técnico de gestión, un economista, tres arquitectos técnicos, un técnico de contabilidad, cinco colaboradores, tres administrativos, dos auxiliares administrativos y otras cuatro personas que se suelen contratar, más las 7 del Consejo Comarcal del Bierzo».Además, el presidente recordó que en el 2016 el servicio atendió las demandas de 575 juntas vecinales, a 570 en el 2017. En cualquier caso, tanto Majo como González-Antón reclamaron más financiación por parte de la Junta para realizar las acciones a las que obligue la ley.

Por otra parte, desde la federación se reclamó con «urgencia» la articulación de un sistema desde el Gobierno de España que garantice la seguridad jurídica de las juntas vecinales porque «una mera moratoria llevaría a la situación previa al real decreto que era de insatisfacción», señaló Antón. En el mismo sentido, pero en el plenario de la institución provincial, el presidente consideró que el nuevo decreto puede ser una oportunidad para las entidades locales de asegurar su pervivencia como administración. Según Martínez Majo, si con esta regulación se consigue garantizar la seguridad jurídica de este tipo de entes puede que su continuidad esté asegurada.