El vicedecano del Colegio de Abogados de León y coordinador de la Comisión de Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita, Fernando Rodríguez Santocildes, explica que si hace unos años había gente a la que no se le reconocía el derecho a esta asistencia por superar el nivel de rentas máximo permitido, «desgraciadamente ahora muchos de ellos han visto sus ingresos reducidos, han perdido su trabajo o ya no reciben prestaciones por desempleo», por lo que el grupo de personas que puede solicitar este servicio se ha visto incrementado.
Para Rodríguez Santocildes las tasas judiciales (en vigor desde 2012) también han sido un freno en muchos casos a la hora de acudir a los tribunales, provocando un efecto «disuasorio» entre aquellos cuyos bolsillos no podían permitirse litigar y que a través de la asistencia jurídica gratuita ahora pueden hacerlo sin preocuparse por el coste final del asunto.
Estos factores, entre otros, han contribuido a que desde el año 2003, según los datos que maneja la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, el número de solicitudes se haya duplicado (en 2003 se registraron 3.498 peticiones) y a que el incremento haya sido constante desde entonces, en los primeros años de forma más moderada y a partir de 2008 mucho más acusada. Como ejemplo, de unas 5.000 peticiones al cierre de ese ejercicio (el de 2008) se pasó en 2009 a 7.084.
Penal y social
De las solicitudes de 2014, 2.559 fueron por asuntos relacionados con la materia civil; 4.816 penal; 221 social y 121 contencioso-administrativo. Unas proporciones similares a las del ejercicio precedente, cuando hubo 2.346 civiles; 4.617 penales; 228 sociales y 134 contencioso-administrativas. Se han incrementado en las dos primeras áreas y han bajado casi imperceptiblemente en las dos segundas.
Rodríguez Santocildes hace referencia a que en los últimos años se produjo un notable incremento en los temas sociales «por reclamaciones de salarios y despidos que se han ido resolviendo y que ahora se traducen en una pequeña bajada», mientras que en el otro bloque «apenas hay diferencia». Las reclamaciones por subordinadas y preferentes o por la cláusula suelo son otras de las más comunes entre las peticiones de asistencia que se recibieron en 2014.
De las solicitudes que llegan «la mayoría» se admiten, aunque existe siempre un pequeño porcentaje que se deniega. En este último caso el motivo suele ser que el solicitante no cumple los requisitos fijados para recibir la asistencia (generalmente por rentas) o que no ha aportado la documentación necesaria en tiempo y forma y su expediente ha caducado.
Para su presentación los pasos son sencillos. La persona que quiera recibir la asistencia debe acudir al Servicio de Orientación Jurídica (de lunes a viernes en el edificio de los juzgados), donde un abogado se encarga de recoger la primera solicitud, de ofrecer información y de requerir la documentación necesaria. Desde el Colegio de Abogados se valora ese expediente y después se remite a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, que es un órgano dependiente de la Subdelegación del Gobierno en León y que es quien dicta la resolución definitiva. Esta Comisión está presidida por el fiscal jefe e integrada por una secretaria (funcionaria de la subdelegación, un abogado del Estado, un representante del Colegio de Procuradores y otro del Colegio de Abogados.