El documento ‘La despoblación de la España interior’ de Eduardo Bandrés y Vanessa Azón, indica que excluyendo las capitales de provincia y las ciudades de más de 50.000 habitantes, las 23 provincias que formarían la 'España despoblada' son las nueve de Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora), las tres de Aragón (Huesca, Teruel y Zaragoza), cuatro de Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara), las dos de Extremadura (Badajoz y Cáceres), dos gallegas (Lugo y Ourense), dos andaluzas (Córdoba y Jaén) y La Rioja.
En conjunto, las 23 provincias albergaban en 1950 el 34,1 por ciento de la población española (incluyendo aquí capitales y ciudades de más de 50.000 habitantes) y generaban el 26,7 por ciento del Valor Añadido Bruto (VAB) y el 33,5 por ciento del empleo total; en la actualidad acogen el 18,1 por ciento de la población, producen el 16,1 por ciento del VAB y aportan el 17 por ciento del empleo. La mayor parte de su pérdida poblacional y económica tuvo lugar en los años 50, 60 y 70 del siglo pasado y, de forma menor, en los 80. Desde 1991 se detecta una estabilización de la población con un leve aumento en la primera década de este siglo.
Pérdida de peso económico
La tasa de crecimiento medio anual acumulativo del PIB desde 1950 fue casi un punto porcentual inferior a la media nacional en Soria, Ávila, Cuenca, Zamora, Palencia, Segovia y Ourense, y más de medio punto inferior en Salamanca, León, Lugo, Badajoz, Huesca, Teruel y Ciudad Real. La brecha que genera este diferencial de crecimiento anual a lo largo de casi 70 años es, según análisis, “enorme”.
Las provincias que padecieron la despoblación con mayor intensidad son también las que tienen mayores tasas de envejecimiento, cerca de diez puntos porcentuales por encima de la media nacional (que es del 16 por ciento) en términos de población mayor de 65 años y menos población joven, entre 7 y 9 puntos por debajo del 21 por ciento, que es el promedio del país.
Efecto devastador
El texto pone de relieve el efecto “devastador” de este fenómeno en provincias como Teruel, Zamora, Palencia, Ávila y Cuenca, que perdieron más de la mitad de su población y Soria casi dos terceras partes. El resultado es que, excluyendo las capitales, Soria (4,9 habitantes por kilómetro cuadrado), Teruel (6,8) y Cuenca (8,7) cuentan con una densidad de población que las coloca entre las áreas menos pobladas de la Unión Europea, mientras que otras dos, Palencia (10,4) y Zamora (10,7), también están por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado que la UE utiliza para definir las “zonas con muy baja densidad de población” y Ávila (12,8) roza esa misma cifra.
El estudio detecta diferencias entre las provincias que considera dentro de la España despoblada, que divide en tres grupos, el primero, con todas las “devastadas” constituye el “núcleo duro”. El segundo grupo, la ‘España despoblada que se estanca’, lo integran las provincias más pobladas, que, si bien sufrieron importantes procesos migratorios, no han perdido tantos empleos y mantienen una buena base de población joven, con Albacete, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Córdoba y Jaén. Su principal desventaja en comparación con los otros dos grupos son las variables económicas: escaso peso del sector industrial, bajos niveles de PIB por habitante y muy elevadas tasas de paro. Probablemente, afirman los expertos, el problema no sea tanto demográfico como de reactivación económica y de utilización más productiva de sus recursos.
Burgos y Valladolid remontan
El tercer grupo, formado por Guadalajara, Burgos, Huesca, La Rioja, Valladolid y Zaragoza, es la ‘España despoblada que remonta’. Se sitúa en una posición intermedia en cuanto a indicadores demográficos, con escasa densidad de población y problemas de envejecimiento, pero presenta los mejores registros económicos, con un un PIB per cápita por encima de la media, baja tasa de paro, elevado peso del sector industrial y, aun habiendo perdido población, la presencia de importantes núcleos capitalinos les ha permitido una creación de empleo positiva.
En este contexto, Funcas plantea que las políticas destinadas a aumentar la cohesión territorial “deberían tener en cuenta la diferente naturaleza de los problemas de cada uno de los grupos, habida cuenta de sus distintas condiciones demográficas y económicas”.