Fernando Rodríguez Santocildes es decano desde 2017 de un Colegio, el de la Abogacía de León, que está a punto de cumplir 180 años de historia en defensa de una profesión que desempeña, según sus propias palabras, un «papel esencial» dentro del «ámbito de la administración de justicia» y que lucha por ser reconocida como tal, al tiempo que quiere seguir avanzando e incorporando mejoras diferentes aspectos.
– En su reelección en 2021 se fijó una serie de objetivos. ¿Cuáles considera que están todavía pendientes?
– Hay determinados objetivos que constituyen el quehacer diario y continuado de los Colegios de la Abogacía y que nunca se dan por definitivamente cumplidos. Me refiero a la defensa de la profesión y de los intereses profesionales de los colegiados, por los que hay que estar trabajando continuamente y dando respuesta a los problemas y desafíos que se van presentando cada día. De manera especial, la defensa de los pilares fundamentales en los que se sustenta la abogacía, como son la libertad, la integridad, la independencia y el secreto profesional, que se llevan a cabo en la doble vertiente de garantizar, de una parte, el cumplimiento de esos principios frente a la sociedad, a través del control deontológico y, por otro lado, constituyéndose el Colegio a través del amparo colegial, en garantía para los profesionales frente a cualquier perturbación –con independencia de dónde o de quién proceda– que pueda atentar contra la libertad, la integridad, la independencia, o contra el más sagrado de nuestros principios que es el secreto profesional.
– En otros también se ha avanzado.
– Desde el Colegio en estos últimos dos años, desde finales de 2021 cuando iniciábamos una segunda etapa al frente del Colegio, se han llevado a cabo importantes actuaciones, como ha sido la aprobación del nuevo Estatuto Particular del Colegio de la Abogacía de León para su adaptación al Estatuto General de la Abogacía aprobado en el año 2021. También se ha hecho frente y salido al paso de los cambios legislativos que se han venido aprobando en los últimos tiempos y que condicionan en no pocas ocasiones la manera de llevarse a cabo el ejercicio profesional de la abogacía. El Colegio ha avanzado de manera importante en materia de innovación tecnológica, resultando relevante el acceso al expediente digital por parte de los profesionales, un paso importante para la profesión. Y, si bien debe seguirse trabajando en su desarrollo, nos congratulamos de que León fuera uno de los territorios pioneros en España para su implantación y el primero en Castilla y León, debiendo destacar también la adhesión al Convenio suscrito entre el Consejo General de la Abogacía Española con la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias que posibilitará la comunicación por videoconferencia con los internos sin necesidad de desplazarse al centro penitenciario. Por otro lado, en este año hemos suscrito un nuevo convenio con la Dirección General del Catastro que supone reforzar la colaboración entre ambas instituciones, tanto para la obtención de información en la gestión de los expedientes de justicia gratuita por parte del Colegio, como la posibilidad de obtención de información por parte de los profesionales al constituirse el Colegio en punto de información catastral. Por otra parte, quiero destacar la renovación de la página web colegial o el inicio de una nueva etapa en el blog colegial ‘Locus Apellationis’, antigua revista colegial y que hoy en versión digital se presenta como instrumento de información, comunicación y transparencia de la actividad colegial.
– Cuando apenas se estaban recuperando de las consecuencias de la crisis sanitaria del Covid-19, en este 2023 la justicia se ha visto prácticamente paralizada durante varios meses por diferentes huelgas, primero la de los Letrados de la Administración de Justicia y después la de los funcionarios. ¿Cuáles han sido las consecuencias directas para la profesión? ¿Temen que se pueda repetir una situación similar?
– Efectivamente, apenas iniciado el año 2023 se produjo una total paralización de la administración de justicia como consecuencia de una sucesión de huelgas que se prolongaron indefinidamente durante casi ocho meses. Siempre hemos sido conscientes y respetuosos con el legítimo derecho de quienes reivindicaban una mejor condición en el ejercicio de su actividad en el ámbito de la administración de justicia, pero es igualmente cierto que esa situación ha supuesto un gravísimo perjuicio para los despachos, para los profesionales y también para la ciudadanía. Despachos profesionales y compañeros y compañeras se han visto en una situación económica crítica, en algunos casos hasta el punto de verse en la necesidad de buscar alternativas al ejercicio profesional, por lo que esperamos y deseamos una pronta solución a los conflictos existentes para evitar encontrarnos en situaciones similares. Y por otro lado, la repentina y anticipada disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones generales hizo decaer los avanzados proyectos legislativos que se encontraban muy próximos a su aprobación, como la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, tan importante para nuestra profesión, a lo que hay que añadir los problemas de otra índole que igualmente nos afectan y que han sembrado en el conjunto de la abogacía una sensación de desazón al contemplar cómo los responsables políticos, en el curso de diferentes procesos electorales a lo largo del año, han visto la problemática de la justicia con indiferencia, conformismo y la falta de preocupación. Este año, además, ha estado claramente marcado por la actualidad política con un elevado nivel de tensión, crispación y polarización que poco ha favorecido a una normalización de la vida social y de la justicia.
"Hay una deuda histórica con la abogacía de oficio que debe saldarse sin mayor demora"
– Una de sus reivindicaciones más repetidas es la de que se garanticen unas retribuciones justas y dignas para todos los profesionales del Turno de Oficio. ¿Cómo está funcionando este servicio y cuál está siendo el principal freno que están encontrando en la consecución de ese objetivo?
– El servicio del Turno de Oficio y asistencia jurídica gratuita es uno de los servicios públicos que gozan de mayor grado de satisfacción por parte de sus usuarios, mientras que los profesionales que prestan el servicio perciben contraprestaciones francamente indignas y vergonzantes. Hay una deuda histórica con la abogacía de oficio que debe saldarse sin mayor demora. El turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita garantizan el acceso a la justicia en condiciones de igualdad para aquellas personas que carecen de recursos económicos para litigar o que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad. Es un derecho que se hace efectivo por el trabajo y la dedicación de más de 42.000 abogados y abogadas en toda España y más de 400 en la provincia de León, así como la labor encomendada a los Colegios de la Abogacía para la gestión y tramitación de los expedientes de justicia gratuita. Desde el Colegio, al igual que desde el Consejo General de la Abogacía Española, se continua trabajando de manera real y efectiva para mejorar las condiciones de los profesionales del turno de oficio, reivindicando igualmente una modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita del año 1996, pues la realidad evidencia su desfase, que se traduce en un trato totalmente inapropiado hacia los profesionales de la abogacía. Se hace necesario y trabajamos para que las compensaciones económicas por las actuaciones realizadas por los profesionales de la abogacía alcancen los niveles retributivos dignos y equiparados a los existentes en otros territorios y, además, para que en todos ellos se garantice su revalorización con periodicidad anual por disposición legal. Se ha de garantizar, en todo caso, una compensación económica al profesional de la abogacía en todas las actuaciones realizadas por designación colegial a través del Turno de Oficio, aun cuando al justiciable, sea persona física o jurídica, no le sea reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, así como el abono de los gastos de desplazamiento, especialmente en territorios como el nuestro, con gran dispersión geográfica.
– Reclaman también aumentar el número de abogados asignados a las guardias de asistencia a víctimas de violencia de género. ¿Cuál es la situación actual y qué sería lo deseable?
– Como decía, la dispersión geográfica de la provincia de León exige en muchos casos desplazamientos a centros de detención, cuarteles o comisarías en localidades considerablemente distantes de la sede del partido judicial para la atención a personas detenidas o víctimas de violencia de género, sin que se pueda, en ocasiones, atender a las víctimas con la celeridad e inmediatez que resulta deseable. Por ello, consideramos que el Ministerio de Justicia prevea para nuestra provincia la existencia de al menos un abogado o abogada de asistencia a víctimas de violencia de género en cada partido judicial. Esto posibilitaría una mejor atención y un mejor servicio.
– Como presidente también de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer de la Abogacía Española, ¿cómo valora el papel de la abogacía para la erradicación de las violencias machistas y dónde hay que poner el foco para avanzar hacia ese objetivo?
– La abogacía española en el ámbito de la defensa de las víctimas es francamente modélica. Podemos decir con orgullo que no hay otro país en el mundo que cuente con profesionales tan especializados y formados para la asistencia a las víctimas de violencia de género. Lo exige así la ley, pero además constituye un firme compromiso del Consejo General de la Abogacía Española y de los Colegios para que esa formación y especialización sean una realidad que se traduzca en el mejor servicio para las víctimas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados resulta inasumible en una sociedad democrática y civilizada que finalizando el año 2023 más de medio centenar de mujeres hayan sido asesinadas en nuestro país víctimas de la violencia machista. Es necesario no bajar la guardia y continuar trabajando desde todos los ámbitos, también desde la justicia, por la erradicación de esta lacra que es la violencia machista La abogacía esta comprometida en ello y continuará estándolo.
– Otra petición que ha llevado a los abogados a concentrarse ha sido por unas pensiones dignas.
– Desde el Colegio se ve con preocupación la necesidad de procurar que todos los profesionales del sector alcancen unas condiciones de jubilación suficientes y dignas, independientemente de cuál haya sido o sea su fórmula de cotización a lo largo de su trayectoria profesional. Aun sin tener el Colegio competencias directas para ello, nos reafirmamos en la decisión ya expresada de apoyar la reclamación a la Seguridad Social para que se estudie la opción de establecer una pasarela para que aquellos mutualistas que lo deseen puedan transferir su ahorro de jubilación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta) de la Seguridad Social, siempre que eso no suponga un perjuicio al resto de los mutualistas y se establezcan los complementos precisos para que todos los profesionales que hayan cotizado los años requeridos en las distintas mutualidades reciban rentas mínimas de la misma cuantía que quienes hayan estado acogidos al sistema público. Asimismo, se apoya la reclamación de la aplicación de un tratamiento fiscal acorde a la naturaleza de las rentas percibidas. Reivindicaciones todas ellas justas, razonables y legítimas.
– ¿Considera suficiente la planta judicial en la provincia de León?
– Se ha venido exigiendo desde hace años la creación de un juzgado de Familia en el partido judicial de Ponferrada, algo que ya es prácticamente realidad, pero vemos también como necesidad urgente la creación de un juzgado de Primera Instancia en el partido judicial de León. Además, en atención al número de recursos procedentes de León de los que conoce el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, creemos que León es merecedora de contar con una sala de lo social y una sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia.
"Si no se escucha a la abogacía, la administración de justicia se resentirá"
– En alguna ocasión no ha dudado en reconocer que la situación que vive actualmente la profesión es muy preocupante, así como la importancia de reivindicar en la sociedad la figura de la abogacía. ¿Cree que no están lo suficientemente valorados?
– Es evidente que el panorama actual no resulta muy halagüeño para la profesión. Es importante que la sociedad, las instituciones y los propios órganos judiciales reconozcan y respeten el papel esencial que la abogacía desempeña en el ámbito de la administración de justicia. Pedimos respeto en el día a día de los órganos judiciales, reduciendo los tiempos de espera para las actuaciones judiciales y total respeto y consideración a los profesionales que ejercen el derecho de defensa. Asistimos con preocupación y decepción a las reforma aprobada por Real Decreto Ley 6/2023 publicada el pasado día 20 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado, reforma de gran calado y que afecta de manera importante a la profesión y que, sin embargo, no ha atendido las propuestas formuladas desde la abogacía, concretamente desde el Consejo General de la Abogacía Española, en las que frente a la tendencia de la celebración de juicios telemáticos, concretada en la reforma, la abogacía venía reivindicando la presencialidad que garantice la inmediación del órgano judicial, especialmente en aquellos procesos en los que se practiquen pruebas de carácter personal, como es el caso de declaraciones de partes y testigos. Así se hizo saber durante la tramitación parlamentaria de las leyes de eficiencia en el servicio publico de justicia y, sin embargo, no han sido tomadas en consideración. Es necesario escuchar a la abogacía. Si no se escucha a la abogacía, la administración de justicia se resentirá. La abogacía siempre ha apostado y apostará por la innovación tecnológica, pero siempre conscientes de que la tecnología no puede ensombrecer la relación eminentemente humana y personal del profesional con el cliente y en gran parte de las ocasiones también con la administración de justicia.
– Recientemente se ha anunciado la creación de un turno específico para procedimientos de Segunda Oportunidad. ¿Qué mejoras supondrá esto?
– El procedimiento de Segunda Oportunidad prevé la posibilidad para particulares y autónomos de lograr la renegociación o cancelación de sus deudas total o parcialmente y conseguir la oportunidad de empezar de cero. Desde el Colegio hemos considerado la conveniencia de crear este turno de oficio de segunda oportunidad que permita la designación de profesionales especializados a aquellas personas que reúnan los requisitos para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Se trata de un procedimiento complejo y que exige una formación muy especializada. El Colegio garantiza que los ciudadanos que acudan a este turno de oficio de segunda oportunidad cuenten con profesionales formados y especializados para su defensa en este tipo de procesos, que prevemos que sean numerosos durante el próximo año.
– Junto al Colegio de Procuradores y la ULE han puesto en marcha un máster habilitante para el ejercicio de ambas profesiones, ¿cómo está funcionando?
– Desde el año 2013 el Colegio de la Abogacía de León con la Facultad de Derecho de la Universidad de León venían impartiendo conjuntamente el máster de acceso a la abogacía, un máster cuya obtención habilita para el ejercicio de la profesión de la abogacía y que surge del Plan Bolonia, a través del Espacio Europeo de Educación Superior. Desde este año y con ocasión de la entrada en vigor del Real Decreto 64/2023 sobre acceso a las profesiones de abogacía y procura, se incorporaron contenidos y competencias propios de la procura y con ello se suma el Colegio de Procuradores de León firmando un nuevo convenio entre las tres instituciones hace apenas unos meses y que ya se viene desarrollando durante este curso en su primera edición y que pone de manifiesto, además, la buena sintonía institucional entre los dos colegios y la Universidad de León.
– En los últimos años se habían puesto sobre la mesa otros problemas que afectaban a la profesión, como la conciliación, que ha mejorado gracias a recientes modificaciones legislativas promovidas por el Consejo General de la Abogacía y los Colegios. ¿Cuáles son los logros conseguidos?
– En esta materia han sido muy importantes los avances logrados por el Consejo General de la Abogacía Española durante este año 2023. Finalizábamos el pasado año pudiendo disfrutar por primera vez de la desconexión en el periodo navideño como consecuencia de la declaración de inhabilidad desde el día 23 de diciembre al 6 de enero. Se trata de un importante logro fruto de la incesante reivindicación de la Abogacía Española en aras a posibilitar la conciliación familiar y profesional, conciliación que se ha visto fortalecida también con la nueva regulación en materia de suspensión de procedimientos plazos y vistas por razón de enfermedad o fallecimiento de los abogados o abogadas y por razón de maternidad, modificación introducida por el Real Decreto 5/2023. Es un importante avance que constituía otra eterna reivindicación de la abogacía en esta materia.