La vivienda se ha colado, de nuevo, en el debate público y político por el problema estructural de escasez de pisos, especialmente en las zonas con mayor demanda, que lleva a unos precios de venta y alquiler desbocados. Y es que la demanda residencial es mayor que la oferta. Otro factor se añade a la presión que sufre el mercado inmobiliario como es la escasez de viviendas destinadas al alquiler. Castilla y León ha pasado de ofertar 42.241 pisos para alquilar en 2021 a 29.222 en 2024. Son 13.019 menos en solo tres ejercicios, tras una bajada del 30,8 por ciento, de los que casi 6.000 corresponden al último año.
El estudio del Observatorio del Alquiler, elaborado por la Fundación Alquiler Seguro en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, destaca que el stock de vivienda dispuesta para arrendar en la Comunidad llegó a superar las 43.300 en 2019 aunque, un año después, bajó hasta las 38.545. En 2021, la cifra repuntó por encima de las 42.000 viviendas en alquiler pero, desde entonces, ha sufrido una caída gradual hasta situarse en 38.152 en 2022, 35.157 en 2023 y 29.222 al cierre del año pasado.
Los autores del informe, consultado por la Agencia Ical, destacan que la oferta de vivienda disponible para alquilar en España no ha dejado de caer desde el final de la pandemia del Covid. No en vano, el stock en el último año ha pasado de 813.850 a 717.338 viviendas, con una bajada del 11,8 por ciento. En comparación con 2021, hay 334.094 menos. Un periodo marcado por una crisis de oferta en el mercado de arrendamientos urbanos, consecuencia de varios factores como la escasez de nuevas viviendas; los movimientos migratorios hacia los grandes núcleos urbanos, que han aumentado considerablemente la demanda, y las dificultades en el acceso al crédito en la compra, que han trasladado “más presión” al mercado de alquiler.
La Fundación Alquiler Seguro apuntó que, con este “complejo” escenario, en mayo de 2023 se aprobó la Ley de Vivienda, un nuevo marco regulatorio, que, “lejos de aliviar las tensiones de mercado, las agrava”. “Entre otras consecuencias no deseadas de esta Ley y de su vocación intervencionista, ha provocado el auge de alternativas diferentes a los arrendamientos de larga duración, donde los propietarios optan por otras opciones para sus inmuebles, como los alquileres turísticos y de temporada, habitaciones, o la opción final de la venta o el cierre del inmueble”, subrayó. Su conclusión es que el control de los precios del alquiler ha “desplomado” la oferta en muchas provincias, especialmente en Barcelona, donde el stock de viviendas descendió un 78 por ciento entre 2019 y 2024. solo en el último año, la oferta cayó en 37.043, el 38 por ciento del total de España. Le siguieron las bajadas de Alicante (-7.992), Asturias (-6.291), Vizcaya (-5.702), Las Palmas (-3.995) y Sevilla (-3.105), contabilizadas en el último ejercicio.
En cuanto a las provincias de la Comunidad, la oferta de viviendas disponibles entre 2024 y 2021 se desplomó por encima de la media regional en Zamora (-52,4 por ciento, al pasar de 1.287 a 612 inmuebles), Palencia (-50,4 por ciento, hasta las 1.501), León (-37,6 por ciento, hasta 4.119), Valladolid (-37,5 por ciento, hasta 5.002), Burgos (-36,8 por ciento, hasta 3.906) y Ávila (-34,5 por ciento, hasta 2.103 viviendas). Por debajo, se situaron Salamanca (-18,7 por ciento, hasta 7.611), Soria (-11,8 por ciento, hasta 774) y Segovia (-2,2 por ciento, hasta 3.594 pisos).
Precio medio en León: 595 euros
El análisis de la Fundación Alquiler Seguro relacionó la escasez de viviendas en alquiler con el aumento medio del precio de los arrendamientos, que en el caso de Castilla y León se situó el año pasado en 695 euros frente a los 497 euros registrado en 2021. Es decir, un 39,8 por ciento más. Es un porcentaje superior a la media de España, que en ese periodo se situó en el 36,5 por ciento, al pasar de 819 a 1.118 euros. “El desajuste entre la oferta y la demanda y la escasez de viviendas disponibles para arrendar están detrás del alto nivel de precios que tanto dificulta el acceso a la vivienda en el país”, sentenciaron los autores.
Las provincias de España más caras para vivir de alquiler son Barcelona (1.604 euros), Baleares (1.598 euros), Madrid (1.495 euros), Guipúzcoa (1.430 euros), Vizcaya (1.232 euros), Málaga (1.191 euros), Las Palmas (1.070 euros), Valencia (1.044 euros) y Santa Cruz de Tenerife (1.031 euros). Todas ellas están por encima de los mil euros. Segovia registra el precio más alto de la Comunidad, con 873 euros, que supone el 15 más alto de España. No en vano, el arrendamiento ha subido 295 euros en los últimos tres años. Le sigue Salamanca, con 793 euros (224 más que en 2021); Valladolid, con 726 euros (158 más); Soria, 646 euros (159 euros de incremento); Burgos, 642 euros (106 más); León, 595 euros (145 más); Ávila, 584 euros (167 más); Palencia, 521 euros (84 más) y Zamora, 520 euros frente a los 380 de 2021, lo que supone 140 euros más.
El Barómetro también analiza la presión que la demanda de personas que buscan un hogar en alquiler, tras medir el número de contactos que registra cada nueva vivienda que sale al mercado durante un plazo de diez días. En 2024, la presión del alquiler en España se disparó hasta los 124 interesado por oferta, lo que, a juicio de la Fundación Alquiler Seguro, refleja el “enorme” desequilibrio existente en el mercado español. No en vano, precisó que, en una situación “normal” o “equilibrada”, el número de personas que se pone en contacto con un propietario o un profesional para optar al alquiler de una vivienda en este mismo periodo debería oscilar entre diez y quince. Un año antes, la presión del alquiler en el país era de 45, y en 2021, 19 contactos.
17 contactos en diez días
Castilla y León está al margen de las comunidades más tensionadas y con escasez de vivienda de alquiler pero, aún eso, el índice ha pasado del 10,8 en 2021 o del 10,9 en 2023 al 17 el año pasado. Solo Valladolid, según la información recogida por Ical, están por encima de esa cifran con 24, mientras que Palencia y Zamora registran las más bajas, con una presión de 11. Otra vez, Cataluña sale en la foto, con una presión de 331 contactos por vivienda en alquiler ofertadas -421 en el caso de Barcelona frente a los 81 del año pasado-, seguida muy de lejos por País Vasco (144), Baleares (124) y Madrid (109). De momento, solo Cataluña y País Vasco son los únicos territorios que se han mostrado abiertas a declarar zonas de mercado tensionado.