El número de ataques por lobo a la ganadería durante el período 2022-2023 en las nueve provincias de Castilla y León ascendió a 6.634, por cuyos daños se abonaron 3.385.825 euros, con Ávila a la cabeza y Valladolid como el territorio con menos agresiones de este carnívoro, cuando en estos dos años no estuvo autorizada su caza debido a su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Junto a esta cantidad abonada, está el pago de 127.075,53 euros por sentencias estimatorias vía judicial, de los que 123.787,27 corresponden también a la provincia de Ávila y 3.288,26 a la de Salamanca, mientras que no se consideraron denuncias presentadas también en Burgos, León, Palencia, Segovia y Valladolid. El ataque de lobos creció en todas las provincias, excepto en Salamanca y en Valladolid, donde se mantuvo estable, según consta en la información facilitada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en respuesta a una pregunta parlamentaria del procurador socialista Juan Luis Cepa, consultada por Ical.
En este periodo, Ávila registró 1422 ataques en 2022 y 1439 en 2023; Burgos, 78 y 240; León, 211 y 346; Palencia, 148 y 304; Salamanca, 164 y 70; Segovia, 683 y 737; Soria, 28 y 38; Valladolid, 24 en ambos años; Zamora, 300 y 378, respectivamente. Por este número de agresiones a la ganadería se presentaron 3.109 solicitudes de ayuda o pago en 2022 y otras 3.631 en 2023, de las que se estimaron 2.996 y 3.107, respectivamente, por lo que finalmente se abonaron 1.693.962 euros y 1.691.865 euros en el segundo año evaluado. De la misma manera, los pagos mayores se produjeron en la provincia de Ávila, con 726.147 euros abonados en 2022 y otros 733.843 en 2023, mientras que los importes descendieron en Valladolid a 19.460 y 24.213 euros. En segunda posición, fueron los abonos en Segovia, con 410.557 y 280.558 euros, respectivamente. En Burgos se abonaron 64.277 y 159.945; en León fueron 53.960 y 32.707; en Palencia, 60.985 y 197.862; en Salamanca, 125.455 y 73.651; en Soria, 16.995 y 32.130; en Zamora, 216.125 y 156.952 euros, respectivamente.
El parlamentario socialista requirió, además, conocer los censos o cupos autorizados de lobos, a lo que el departamento de Suárez-Quiñones respondió que en el periodo 2022-2023 no se ha realizado ningún censo dado que la anterior Estrategia Nacional para la Conservación y Gestión del Lobo recomendaba su actualización cada diez años.
