Este lunes se cumplen trece años y dos meses de la primera piedra de un despropósito. A las diez y diez de la noche del 18 de septiembre de 2011 salía de la estación de Padre Isla el último tren deFeve con destino a las riberas del Torío y del Curueño y de ahí a la montaña oriental antes de cruzar a territorio palentino y seguir ruta incluso una vez al día hasta Bilbao.
Fue el último tren antes de que comenzasen las obras de integración de la línea de vía estrecha en su acceso al centro de León, lo que hace que un autobús cubra desde entonces el trayecto entre la conocida popularmente como estación de Matallana hasta el apeadero ubicado en el barrio de La Asunción.
Fue el último tren, pero los vecinos de los trece municipios leoneses por los que discurre el centenario trazado no se resignan y pelean para que algún día llegue el primer tren-tranvía. Es por eso que, constituidos en plataforma, han convocado este domingo una manifestación que partirá a las 11:30 horas del apeadero de La Asunción para concluir en la estación de Padre Isla.
Harán precisamente el recorrido que debería hacer el tren-tranvía circulando por una plataforma cuya obra civil lleva terminada más de seis años y sucumbe al abandono pese a haberse convertido en una zona de paseo para muchos leoneses.
Primero fue un proyecto diseñado a la carrera por el PSOE para tapar el fiasco del tranvía que había promovido el Ayuntamiento de León al margen de la línea de Feve. Después llegaron los recortes de PP, que acabaron con los ramales que partirían de la vía estrecha hacia el Hospital y el campus de la Universidad y con la electrificación de la nueva plataforma. A continuación, los problemas (o las excusas) a la hora de no rematar la integración de Feve se centraron en la seguridad a raíz del grave accidente del Alvia en Santiago de Compostela. Y a ello se sumó un recurso contra la compra de los trenes-tranvía impulsada por los socialistas en la etapa inicial del proyecto, que finalmente fue declarada «contraria al interés público».
Pero quizá la guinda del despropósito es que se estaba ejecutando un proyecto para el que no existía normativa. Se diseñó pensando en un sistema tranviario que contaría con ramales adicionales a la línea de Feve, lo que llevó a que el tramo entre Padre Isla y La Asunción fuese excluido de la Red Ferroviaria de Interés General pensando en un modelo de explotación diferente –con participación municipal o autonómica– con independencia de la continuidad del trazado principal hacia la montaña leonesa por la red estatal de toda la vida.
Los ramales se esfumaron y con ellos ese nuevo modelo de explotación, lo que derivó en el siguiente problema, que no existen tramos tranviarios en la Red Ferroviaria de Interés General, por lo que tampoco había normativa que pudiese regular su circulación.
Y el PP inició en 2017 los trámites para su elaboración, aunque no cumplió con su compromiso de volver a incluir el tramo entre Padre Isla y La Asunción en la Red Ferroviaria de Interés General, algo que tampoco ha hecho el PSOE pese a continuar con la elaboración de una normativa que sigue aún pendiente de recibir el visto bueno definitivo por parte del Consejo de Ministros. Sería en todo caso una normativa que regularía la circulación en tramos tranviarios de la Red Ferroviaria de Interés General sin que el tramo ferroviario para el que se ha diseñado esté incluido aún en la Red Ferroviaria de Interés General. Lo dicho, la guinda del despropósito.
Desde la dirección provincial del PSOE se insistía una y otra vez en que la normativa se aprobaría en cuanto llegasen los trenes-tranvía para León, que según ellos estaban incluidos en el polémico contrato de los que no cabían por los túneles, algo que finalmente se demostró que era falso después de que el propio Gobierno confirmase que eran para Asturias y Cantabria.
Habría por tanto que iniciar una nueva licitación para encargar el material rodante, algo que no parece estar sobre la mesa del Gobierno después de que el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, pusiese sobre la mesa –en una entrevista concedida a finales del pasado mes de septiembre a La Nueva Crónica– la posibilidad de hacer un corredor verde y dejar definitivamente el punto de salida o llegada de los trenes de Feve en el apeadero de La Asunción.
Esa entrevista hizo que se reavivase la guerra política sobre la integración de Feve. El PP montó rápidamente en cólera para reclamar el proyecto que desguazó, mientras que el alcalde de León, José Antonio Diez, reconoció la necesidad de «avanzar en un sentido o en otro» para que la infraestructura no esté abandonada «trece años más». Pese a que ello no implicaba renunciar a la exigencia del tren-tranvía, sino defender la necesidad de buscar una solución cuanto antes, otros líderes socialistas, como el diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, o el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, salieron rápidamente a garantizar su llegada, aunque sin aportar plazos ni inversiones para conseguirlo y sin tener en cuenta la postura de Santano, que aludía a las «dificultades» técnicas con la normativa y el material rodante como base de su propuesta del corredor verde.
Pero la manifestación de este domingo huye de siglas y se centra en la reivindicación de los vecinos de los trece municipios de la provincia de León por los que discurre la línea de Feve. La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León nació hace apenas unas semanas como respuesta a la «preocupante» situación de la línea. Formada por vecinos, viajeros y asociaciones de las diferentes zonas afectadas, la plataforma se define como un movimiento ciudadano, apolítico y totalmente independiente que se ha unido con el objetivo común de defender este servicio esencial para la movilidad, el medio ambiente y la lucha contra la despoblación.
La plataforma exige que se mantengan las infraestructuras ferroviarias actuales, se mejoren las condiciones del servicio y se garantice la llegada del tren al centro de León, con el fin de ofrecer un transporte público eficiente, accesible y respetuoso con el medio ambiente, que contribuya a frenar la despoblación y dinamizar la economía de la provincia. Además, rechaza la reciente propuesta de crear un corredor verde en la zona por la que circulaba el tren, considerándola «un despropósito que supondría el desmantelamiento de una infraestructura esencial».