La misma tendencia se observa en el conjunto de España, donde la caída fue del 36,7%, al pasar de 14.462 a 9.152 en 2019, mientras que el pasado año fueron 6.624 los siniestros, según cifras del Consorcio de Compensación de Seguros a las que ha tenido acceso Ical, y en las que también se destaca que esta tendencia a la baja se mantiene desde 2007, año en el que en Castilla y León se registraron 645 siniestros y más de 20.000 en el conjunto de España.
Para el director de Operaciones del Consorcio de Compensación, Alejandro Izuzquiza, detrás de este descenso sostenido de la siniestralidad de los vehículos no asegurados, además de la mayor concienciación de la sociedad a la hora de respetar las normas al volante, también ha sido importante la actividad disciplinaria de la DGT con campañas y requerimientos a los propietarios de vehículos sin el seguro obligatorio.
Además, Izuzquiza también apunta como factor de esta reducción del número de accidentes el fortalecimiento de la labor de recobro por parte del Consorcio de Compensación y su labor ejemplarizante. En este sentido matiza que inmediatamente después de abonar la indemnización al perjudicado, se pone en marcha un mecanismo persistente de recobro contra el infractor del que se encarga una unidad de gestión especializada dentro del Consorcio.
En primer lugar, se abre una vía amistosa contra el propietario del vehículo no asegurado o contra el conductor que se ha visto involucrado en el accidente, al que se le ofrecen facilidades de pago e incluso el fraccionamiento del mismo. En el caso de que esta vía fracase, el Consorcio dispone de una red de abogados especializados en recobros para iniciar la vía judicial.
De esta forma, en los últimos años el Consorcio está recuperando entre seis y siete millones de euros, que supone una cuarta parte del total de las indemnizaciones pagadas. Aunque puede parecer poco, Izuzquiza destaca que se trata de deudores “complicados, ya que las personas que circulan sin seguros se pueden calificar de indisciplinadas”.
Datos por provincias
Por provincias, donde más accidentes con coches sin asegurar se contabilizaron fue en León, con 46 el pasado año, por delante de Burgos, con 39, y Valladolid con 37. Por el contrario, en Soria se registraron siete, ocho en Palencia, nueve en Ávila y uno más en Zamora. En Salamanca fueron 21; y en Segovia once.
Igual que descienden en número de accidentes, también disminuye la factura que generan los siniestros. En 2011 los daños a terceros ascendieron a más 1,8 millones de euros, una cantidad que tuvo que asumir el Consorcio de Compensación de Seguros, entidad pública dependiente del Ministerio de Economía, mientras que el pasado año el volumen de dinero que tuvo que desembolsar se redujo hasta poco más de millón y medio de euros (-16,6%), mientras que el pasado año fue de 628.285 euros. En el global de España la evolución es más acentuada y de los 47,4 millones de 2011 se ha pasado a los 33,6 de 2019 (-29%). El 2020 el desembolso fue de 32,8 millones.
Para hacer frente a las indemnizaciones, las aseguradoras destinan el 1,5% del coste de la prima del seguro obligatorio a un fondo gestionado por el Consorcio. Este porcentaje, que llegó a ser del 3%, bajó en 2009 al 2% y en 2016 al 1,5%, dado la reducción del número de siniestros, al 1,5%. De esta forma, los conductores que pagan su seguro costean indirectamente los daños que provocan quienes circulan sin el mismo.
En el caso de ser sorprendido sin seguro obligatorio, bien en un control de la Guardia Civil, bien tras un accidente, automáticamente se procede a al precinto público o domiciliario del coche, hasta que sea suscrito el seguro. Pero no solo eso, quienes se aventuran a circular sin el correspondiente seguro deben saber que la sanción oscila entre 601 y 3.005 euros, cantidad determinada en función de si el vehículo circula habitualmente o no, el servicio al que está destinado, la gravedad del perjuicio causado, la duración de la falta de aseguramiento, o la reiteración de la misma infracción. Otra de las consecuencias de circular sin seguro es la inmovilización del vehículo. Lo normal es que se requise el coche durante un mes o tres meses, si se trata de una acción reiterada. Además, el propietario del automóvil deberá hacerse cargo de los gastos originados por ese depósito o precinto, para cuyo levantamiento se deberá demostrar que se dispone del seguro correspondiente y abonar los gastos. Si la persona no pagase el depósito, se le puede requisar el vehículo hasta por un año y el propietario no podrá conducir ningún otro coche por el territorio nacional durante ese tiempo.