León, Zamora y Salamanca copan el 80% de la sangría poblacional de la comunidad

Proyecto León es un grupo de opinión, debate y pensamiento que nació en el año 2008 y se caracteriza por realizar propuestas constructivas ante la actual realidad leonesa.
Una de sus últimas aportaciones en este sentido ha sido la cuarta edición de un observatorio económico que refleja en este caso la evolución que han experimentado las tres provincias de la Región Leonesa desde que se estableció el actual marco autonómico.

Este análisis se centra fundamentalmente en supervisar los tres pilares que definen la coyuntura económica de cualquier sociedad, es decir, la demografía, la renta y el empleo.

En cuanto a la demografía, el estudio ofrece datos para el conjunto de la provincia desde 1983, momento en el que se constituye la autonomía de Castilla y León. Nuestra provincia tenía entonces 526.439 habitantes y la cifra ha descendido hasta los 448.179 referidos al año 2022. La caída es por tanto de 78.260 inscritos en el padrón y de un 14,87%.

Al mismo tiempo, se observa cómo la provincia de Valladolid ha pasado durante este periodo de 487.630 a un total de 517.975 habitantes lo que supone un aumento de 30.345 y del 6,22%.

Si se engloban los datos de la Región Leonesa (incluyendo por tanto las provincias de Zamora y Salamanca), el número de inscritos en el padrón se sitúa en 941.292, lo que supone la pérdida de 176.896 y de un 15,82% en comparación con la cifra de 1983, que era de 1.118.188, según los datos incluidos en el observatorio económico.
Mientras, las provincias castellanas han experimentado en su conjunto una pérdida mucho menor de habitantes, ya que la cifra ha pasado en las últimas cuatro décadas 1.472.177 a 1.431.348. La caída es de 40.829 y de un 2,77%.

Y finalmente, si se analiza la sangría demográfica de Castilla y León desde su constitución como autonomía, se observa una pérdida de 217.725 habitantes y de un 8,41%, ya que la cifra ha pasado de 2.590.365 a 2.372.640.

En todos estos datos se aprecia cómo la mala evolución global de la comunidad desde el punto de vista demográfico está claramente protagonizada por la Región Leonesa ( asume el 80%).

En cuanto al empleo, el observatorio económico utiliza tanto la afiliación a la Seguridad Social como la Encuesta de Población Activa (EPA), que siempre es más subjetiva, por lo que nos centraremos en la evolución del número de cotizantes. En este caso, la comparativa se realiza entre los meses de enero de 1999 y 2023. León ha ganado en este periodo 18.838 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone un 13,28%. La cifra ha pasado de 141.882 a 160.720.

La tendencia al alza en el número de personas que trabajan y cotizan por ello es mucho más importante en el caso de Valladolid, puesto que la cifra se sitúa en 220.068 y esto representa un incremento de 56.797 y de un 34,79%.

En cuanto a la Región Leonesa, el número de cotizantes crece un 17,87% y se sitúa en 341.661 tras ganar 51.801 desde enero de 1999.

El incremento llega al 26,34% en el caso de las provincias castellanas, que ganan 122.522 afiliados a la Seguridad Social y se sitúan en 929.448, según el observatorio de Proyecto León.

Si se analizan los datos de la comunidad autónoma creada en 1983, el crecimiento del empleo es de un 23,10% y el número de afiliados se sitúa en 929.448 tras incorporarse 174.384 desde enero del año 1999.

El informe establece que los resultados que sitúan antepenúltima del país a la autonomía de Castilla y León se deben a la mala evolución de la Región Leonesa, cuya población ocupada creció a un ritmo similar al de Asturias. Hay que recordar que el Principado sufrió cinco crisis (minera, láctea, naval, siderúrgica y pesquera), mientras que la Región Leonesa atravesó exclusivamente las dos primeras, pero los resultados son «tan deplorables como los de la comunidad norteña».

Finalmente, el tercer capítulo del observatorio económico de Proyecto León se centra en el análisis de la renta para diagnosticar el poder adquisitivo de los ciudadanos en las diferentes autonomías y regiones. En este caso, la comparativa es entre los años 2000 y 2019 y en el caso de la provincia de León la renta per cápita ha pasado e 13.161 a 21.919 euros en este periodo (+66,5%).

Mientras, en el caso de la provincia de Valladolid, la renta por habitante ha pasado de 16.056 a 28.132 euros, lo que supone un incremento del 75,2%. En ambos casos, el dato está por encima de la media nacional, que pasa de 15.975 a 23.608 euros, mientras que en el caso de la provincia de León la renta se sitúa en un 82,38% o en un 92,84% de la del conjunto del país en función de si nos fijamos en 2000 o en 2019.

Si nos centramos en la Región Leonesa, la renta per cápita crece un 71,2% y pasa de 12.604 a 21.578 euros. Mientras, en el caso de Castilla la Vieja, el poder adquisitivo anual de cada uno de sus habitantes pasa de 15.836 a 27.117 euros (+71,2%).

Finalmente, en el caso de Castilla y León, la renta per cápita evoluciona desde los 14.474 euros de 2000 a los 24.888 euros de 2019, lo que supone un incremento del 72%.
Con estos datos sobre la mesa, el observatorio defiende que Castilla la Vieja se integra en el grupo de autonomías ricas de España, pero la Región Leonesa está con las pobres, por lo que la media autonómica de Castilla y León «no representa a ninguna provincia de su territorio». «En el caso de la provincia de León se observa cómo diverge de la renta de Valladolid, que crece a un ritmo muy superior, a pesar de ser más elevada de partida, respecto a la media nacional. La renta de los leoneses es un 28,3% inferior a la de los vallisoletanos. Tampoco León aproxima sustancialmente su renta a otras provincias que eran similares al inicio de la andadura autonómica», defienden desde Proyecto León en su estudio.

Con todos estos datos, el observatorio pone sobre la mesa la necesidad de crear dos autonomías en función de las regiones históricas. Y esto permitiría la recepción en territorio leonés de todos los fondos que le corresponden por sus parámetros de población y territorio, recursos que ahora llegan "sólo parcialmente". Es por eso que León sufriría un prolongado déficit de gasto público desde la creación del marco autonómico. A esta medida se sumaría la captación de fondos de cohesión gracias a la distancia con la media europea en materia de renta per cápita, además de la incorporación de empleados públicos expertos en el territorio leonés para adaptar la redacción de leyes a sus particularidades.